El ingenio de la Generalitat por abrir nuevas vías para captar ingresos parece inagotable. La última medida que ha puesto sobre la mesa el Gobierno catalán es la de cobrar hasta tres euros al día a los escolares que lleven su propia comida al colegio. La Consejería de Enseñanza catalana argumenta que esta cantidad estará destinada a sufragar gastos como el de disponer de neveras específicas, de microondas adecuados, de los servicios de monitores y de limpieza y de un espacio habilitado propio para no mezclarse con los alumnos que siguen en el comedor.
La directora general de Atención a la familia y Comunidad Educativa de esta consejería, Meritxell Ruiz, hizo hincapié en que este pago, no obtante, supone un ahorro del 50 por ciento frente al precio máximo que tiene un menú escolar, 6,20 euros por comida. La Generalitat ha autorizado que a partir del próximo curso los estudiantes de colegios e institutos puedan llevar su propia comida al centro, atendiendo a diversas asociaciones de madres y padres de alumnos que buscan vías para hacer frente a la crisis económica.
Reabrir el diálogo
Por otro lado, la Generalitat opta por no romper los puentes con el Gobierno. Pese a su negativa de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, mostró un tono más conciliador para intentar un acercamiento con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por el momento, ha descartado llevar al Tribunal Constitucional los nuevos límites fijados para el endeudamiento y apostó por volver a cooperar. "Ya nos hemos llamado desleales los unos a los otros. Comencemos de cero, abramos un diálogo y busquemos un planteamiento razonable al reto conjunto que tenemos", dijo Mas-Colell, que apuntó en una entrevista a RAC1 que espera que el Gobierno tenga el "suficiente buen sentido" para no introducir "condicionamientos políticos, que la Generalitat no admitiría, en este proceso ya bastante complicado" porque lo último que se necesita es mezclar "agendas políticas de carácter recentralizador".
El consejero de Economía lamentó la decisión de dejar de pagar este mes de julio a geriátricos, residencias de discapacitados y entidades de atención a enfermos mentales, aunque dijo que no tuvo elección. Precisamente, Mas-Colell y el consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, darán explicaciones hoy en la diputación permanente del Parlamento catalán para dar explicaciones por este impago.