Madrid ha destapado la caja de los truenos de la liberalización comercial, y el próximo día 7 de junio aprobará una Ley que permitirá a los locales abrir los 365 días del año y empezar a funcionar con tres únicos requisitos: una declaración responsable, un proyecto técnico que respete la normativa de edificación y el abono de las tasas municipales.
Será la primera región en implantar la libertad de horarios, pero no la última, pues lo que Esperanza Aguirre promete en Madrid es lo que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere para toda España. De hecho, el Ejecutivo aprobó el 25 de mayo la licencia exprés para el comercio minorista, que permitirá abrir locales de menos de 300 metros, sin las licencias que rigen ahora.
Un atajo que había anunciado a finales de abril Carmen Cárdeno, directora general de Comercio Interior. "No puede ser que en la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, sólo se pueda abrir ocho domingos al año", dijo Cárdeno, al avanzar que se suprimirán "todas las trabas existentes", para cumplir con la directiva europea de servicios Bolkenstein. Idéntico propósito repitió recientemente Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio.
La posición de los 'pequeños'
Este empeño liberalizador de los gobiernos central y madrileño choca de lleno con la oposición de los pequeños empresarios y del sector comercial más tradicionalista, que se resisten a abrir, pero temen que lo hagan las grandes superficies. Los sindicatos también se oponen a la liberalización, por entender que provocaría un aumento de los costes laborales y una pérdida de derechos de los trabajadores.
Los autónomos de ATA y OPA rechazan asimismo la política del Abierto hasta el amanecer y argumentan que no hay demanda suficiente para tal oferta, y que abrir los festivos tan sólo beneficia a los peces gordos del sector: las cadenas y centros comerciales.
Uno de esos grandes es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que echa mano de las cifras para cimentar su defensa acérrima de la liberalización comercial. "Entre 2000 y 2010, y en dos comunidades tan distintas como Madrid (22 domingos y festivos de apertura) y Cataluña (8), los datos son claros: mientras el crecimiento del número de locales en Madrid fue del 8,6%, en Cataluña cayó un 5,4 por ciento. Y, mientras que la generación de empleo repuntó un 30,6% en Madrid, en Cataluña sólo lo hizo un 4%", indican.
La posición de los 'grandes'
Y, por si estos datos no son suficientemente persuasivos, Anged recuerda que las trabas que imponen la mayoría de las autonomías hacen que sus empresas asociadas tengan "proyectos de inversión paralizados por valor de 2.500 millones de euros; una cifra que, de materializarse, permitiría crear entre 7.000 y 8.000 empleos directos".
Otra gran asociación del sector comercial, Aces (que representa a Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Supercor o Sabeco), apuesta también por una normativa comercial "más homogénea" y por una reducción de cargas administrativas "innecesarias", en palabras de su presidente, Ignacio Cobo.
Y es que, incluso en las regiones donde se pueden obtener nuevas licencias de apertura, su tramitación burocrática hace que el tiempo medio de maduración de cada proyecto se sitúe entre cinco y ocho años, y en algunos casos, diez años.
Por parte del gran empresariado, tanto la CEOE como la patronal madrileña Ceim se muestran favorables a toda iniciativa que favorezca la competitividad. Según Arturo Fernández, presidente de Ceim y de la Cámara de Comercio de Madrid, su organización "apoyará cualquier medida que contribuya a la eliminación de trabas administrativas" para el sector. Para este directivo, la experiencia de Madrid ha sido "muy positiva para dinamizar el sector y crear empleo", además de estar en línea con lo exigido por la directiva Bolkenstein.
Uno de cada 4 autónomos
"Nuestra posición sigue siendo la misma: en España ya hay suficiente libertad horaria y no creemos necesario ampliarla", asegura Celia Ferrero Romero, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), quien constata "la mala situación del sector, que concentra a uno de cada cuatro autónomos".
En palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA, el comercio se encuentra "en una situación límite, con una constante y continuada caída de las ventas, pérdidas de puestos de trabajo (desde el inicio de la crisis se han destruido 351.805 empleos del régimen general) y cierre de negocios (46.470 comercios regentados por autónomos menos desde mayo de 2008)". Para ATA, una situación muy preocupante es que los comercios familiares y de proximidad siguen profundizando su caída, y en febrero, las empresas unilocalizadas fueron "las que mayores descensos de ventas registraron, con un -5,5 por ciento, lo que contrasta con el aumento del 2,7 por ciento de las grandes cadenas", según Lorenzo Amor.
Con mayor dureza se pronuncia el presidente de los autónomos de OPA, Camilo Abiétar, para quien la libertad horaria supondrá "esclavizar al colectivo del comercio", que en un 40 por ciento son empresarios familiares "y un 23 por ciento tienen un solo empleado". Incluso en áreas turísticas, donde está comprobado que se dinamizan las ventas, ese mayor negocio implica "pasar por el aro de las franquicias", critica Abiétar, para quien la liberalización es "una sentencia de muerte para el negocio tradicional".
Esa es, precisamente, una de las razones por las que tanto la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, como los sindicatos y los consumidores de Facua se oponen al mayor rango horario: temen la precariedad laboral y las pérdidas en tiendas de toda la vida.
Ventas minoristas en picado
Con la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial que la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar, además de los locales de venta al uso, podrán abrir sin límite horario las tiendas de reprografía, de arreglos de calzado y ropa, los talleres de reparación de coches y de electrodomésticos, las agencias de alquiler y/o venta de pisos, las tintorerías y negocios afines.
Con ello, el Gobierno autonómico de Madrid espera aliviar la caída en picado -generalizada en toda España- de las ventas minoristas, que han hecho del sector comercial uno de los más castigados por la crisis, junto a la construcción.
De hecho, durante los dos primeros meses del año, 4.771 comercios han echado el cierre en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto a las ventas minoristas, acumulan ya 22 meses de desplome continuado, al desfondarse en abril un 11,3 por ciento interanual, su mayor caída desde febrero de 2009. En los cuatro primeros meses, el sector ha reducido un 5,9 por ciento sus ventas sobre el mismo periodo de 2011.
Barreras autonómicas
En la práctica, todas las comunidades autónomas, menos Madrid, restringen al mínimo las aperturas comerciales en domingos y festivos, ya sea por miedo a la conflictividad sindical o por proteger el tejido empresarial, que en la mayoría de las regiones está dominado por pequeños y medianos comerciantes.
En el País Vasco, por ejemplo, la rigidez es tan extrema que casi nadie abre los ocho días permitidos, y mucho menos, las grandes cadenas. Los motivos son históricos: la enorme presión sindical y la amenaza que ETA lanzó en su día contra los grandes grupos. La única excepción son las gasolineras, que cada vez instalan tiendas más amplias y con más productos y abren las 24 horas, los 365 días del año. En la actualidad, algunos comercios medianos de Bilbao han empezado a abrir algún festivo y han tenido que hacerlo con custodia policial ante la movilización de los sindicatos.
El caso de la Comunidad Valenciana no es tan rígido como el de Euskadi, ya que deja abrir nueve festivos, aunque el consejero de Economía valenciano, Máximo Buch, ha reiterado que no los ampliará si no es mediante acuerdo del Observatorio de Comercio, donde están representados grandes y pequeños comerciantes, sindicatos y consumidores, además de la Generalitat. La patronal Anged ha intentado que se catalogue a ciertos municipios, sobre todo a Valencia capital, como zona de gran afluencia turística para un régimen más flexible de aperturas.
En Castilla y León, los comercios de más de 300 metros sólo pueden abrir ocho festivos al año, mientras que el resto tiene plena libertad, con un tope semanal de 72 horas. Algunas provincias, como Ávila, han pedido la misma libertad de horarios que Madrid y que coincidan fechas de festivos y rebajas.
Torear la directiva Bolkenstein
Las CCAA se saltan la directiva Bolkenstein con todo tipo de tretas. En el caso de Cataluña, hay restricciones como aperturas sólo en municipios de más de 50.000 habitantes. Navarra aplica una excesiva carga administrativa, que causa indefinición e inseguridad jurídica. Galicia discrimina entre grandes superficies según el tipo de oferta y da licencias con criterios urbanísticos. En Andalucía rige un régimen de autorización de criterios económicos, y en Aragón, doble autorización: local y autonómica.
¿Y cuál es la posición de los consumidores? La OCU, la mayor organización de ámbito estatal, defiende la liberalización comercial para adaptar la oferta a los cambios de hábitos de consumo.
Y lo cierto es que España recibe cada año a 57 millones de turistas y, sin embargo, en la mayoría de las zonas turísticas los comercios se quejan de que no pueden atender a sus visitantes en festivos por las restricciones horarias.
Las ventas minoristas caen el 11% en abril
