
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este fin de semana en Sitges que España esté "al borde del precipicio ni que estemos en vísperas del Apocalipsis". Pero la realidad es a veces tozuda. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, lleva varias semanas insistiendo en reuniones privadas que se acepte el rescate.
La última ocasión, el encuentro celebrado el miércoles pasado con el titular de Economía español, Luis de Guindos. La impresión tanto en Berlín como en París es que España no es de fiar. Primero dijo que el déficit iba a ser del 8%, luego del 8,5% y, por último el 8,9. Una cifra que puede todavía ser mayor en función de la toma de participaciones que el Estado tenga que acometer para salvar entidades financieras como ha ocurrido con Bankia.
Necesidades de capital
La situación financiera de la banca es la que levanta más sospechas a nuestros socios comunitarios. El Gobierno español ha puesto dos reformas financieras en sólo cuatro meses. El golpe de gracia llegó con la nacionalización de la firma que presidía Rodrigo Rato, una entidad que también se negó a intervenir, y luego tuvo que inyectar 23.500 millones en capital.
Lo abultado de la cifra disparó las alarmas. Los analistas pronostican que serán necesarios entre 50.000 y 100.000 millones adicionales. Una cifra desorbitada que forzaría un rescate del país. Este fin de semana el semanario alemán Der Spiegel publicaba, sin especificar fuentes, que la canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro de Finanzas han presionado a España para que recurra al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), ante el peligro cada vez mayor de un contagio a otros países del sur de Europa, en caso de un posible abandono de Grecia de la zona del euro.
De acuerdo con esa publicación, el gobierno alemán estima que la banca española precisará entre tres y cuatro veces las ayudas que ya se han hecho públicas para Bankia. Y no hay que olvidar que Alemania rechaza la posibilidad de que los bancos puedan recibir directamente ayuda del Fondo Europeo de Rescate sin pasar por los gobiernos, una fórmula por la que aboga la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y varios países, entre ellos España y Estados Unidos.
El presidente francés, François Hollande, también se estrenó recomendando a España que pidiera ayuda para su sector financiero.
El Gobierno español está dispuesto a aceptar esta ayuda, pero no quiere ceder la soberanía de las decisiones económicas a una troika de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Sitges, Rajoy admitió por primera vez de manera oficial que la banca precisará ayuda externa. Las negociaciones se centran en ver qué grado de intervención del país se acuerda. España acepta recibir el dinero, pero no quiere contrapartidas a cambio. Cosa que no acepta la UE.
Rajoy, antes de darse por vencido, antepone el calendario. El próximo 11 de junio se conocerá el informe del FMI sobre las entidades financieras españolas, que no es tan duro como se podía pensar. El informe, que está ya en manos de las autoridades europeas, pronostica unos requerimientos de capital menores de lo esperado. El presidente asegura que "se puede ceder soberanía a cambio de una autoridad fiscal europea que permita un control centralizado de las finanzas y gestione la deuda".
A mediados de junio. Es decir, unos días después, las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman, evaluarán también cuanto dinero falta. Rajoy dijo que entonces dirá como se va a financiar nuestro país. Si la cifra es elevada, lo lógico es que acepte la ayuda externa. Berlín quiere que la decisión se tome antes de los comicios griegos. El Gobierno español trata de dilatar la respuesta. De hecho, considera que un no griego podría colocar los problemas españoles en un segundo plano. Ello permitiría reducir la prima de riesgo y lograr financiación en los mercados.
El viaje de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría a Washington, unos días antes de asistir a la reunión del Club Bildelberg, sugiere que, aunque no se ha solicitado oficialmente, se pueden estar estudiando los escenarios para una intervención blanda de nuestro país. Rajoy, entretanto, intenta introducir cambios en los tratados para acceder a las ayudas sin una intervención estricta.
Por ello, el sábado fue el primer dirigente europeo en solicitar oficialmente que se avance hacia una integración fiscal, incluso con una autoridad europea que coordine la política de los miembros del euro. Las peticiones de Rajoy coinciden con las expresadas en privado por Merkel. También puja por acelerar tanto la unión bancaria como una supervisión común. El miércoles, Bruselas lanzará las primeras propuestas, con objeto de que se estudien en la cumbre prevista para el 28 y 29 de junio.
Sin embargo, estos cambios son lentos porque requieren el cambio de los tratados. ¿Llegarán las modificaciones a tiempo para aplicarlas a las entidades españolas? Parece difícil.