
Será a finales de junio o primeros de julio. El Gobierno tiene ya preparada una batería de medidas de estímulo a la economía que incluyen desde la anunciada y varias veces aplazada Ley de Emprendedores, hasta la reforma del sistema energético, pasando por la Ley de Unidad de Mercado, una mayor liberalización de horarios y aperturas en festivos del comercio y la nueva Ley de Mutuas. El Gobierno mantendrá el nuevo contrato para emprendedores hasta que el paro baje del 15%.
Un paquete de reformas que están ya prácticamente ultimadas o en fase muy avanzada de diseño, pero que se aplazarán hasta el verano por tres razones esenciales: terminar primero con las políticas de ajuste que generen confianza en los mercados, subida del IVA incluida; hacerlas coincidir con las propuestas de reactivación y apoyo a la inversión que promueva la Unión Europea; y por un efecto meramente propagandístico para evitar que su aprobación simultánea o en fechas próximas a los últimos recortes, diluya el impacto propagandístico y de imagen que se espera.
De este paquete de medidas, la más esperada y la que en el Ejecutivo se espera opere un mayor impulso sobre la economía real es la Ley de Emprendedores. Una de las "medidas estrella" del programa del Partido Popular, y que está sólo pendiente de que Hacienda perfile las mejoras en el tratamiento fiscal para las empresas y los autónomos.
En concreto, la nueva Ley incluirá ya el aplazamiento del pago del IVA para autónomos y pymes hasta el cobro efectivo de las facturas, una de las demandas tradicionales de las organizaciones empresariales y del colectivo de los autoempleados, pero se limitará sólo a las facturas derivadas de contratos con las administraciones públicas.
Para el resto de facturas, la medida se aplazará a una segunda fase, ya que Hacienda aduce problemas técnicos y de gestión, por lo que el impuesto deberá seguir abonándose en la fecha de emisión.
Algo similar ocurre con la llamada cuenta de compensación tributaria ya que esta posiblidad de deducir en las declaraciones fiscales las deudas por impagos de las administraciones sólo se aplicará en un primer momento para las deuda con la Agencia Tributaria.
Sí incluirá la Ley una serie de deducciones fiscales para las nuevas inversiones personales o societarias, fundamentalmente en las modalidades de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), business angels o private equity.
También, dentro de las medidas fiscales de impulso a la actividad emprendedora, el Gobierno estudia incluir bonificaciones en el Impuesto de Sociedades (IRPF para los autónomos), que podrán ser de hasta el 50 por ciento en la cuota durante los dos primeros años de la actividad empresarial, a condición de que el 75 por ciento de los beneficios obtenidos se reinviertan en la propia actividad.
En relación con los autónomos, el Ministerio de Empleo ha decidido incluir en la Ley de Emprendedores la reducción de la cotización al régimen de autónomos de los emprendedores que también realizan otra actividad y por la que cotizan en el Régimen General. La reducción será del 50 por ciento de la base de cotización para los autónomos en pluriactividad que cotizan ocho horas en el régimen general y del 25 por ciento para los que trabajan a media jornada.
Liberalización comercial
Dentro también del paquete de estímulos para dinamizar la economía el Gobierno tiene preparadas dos medidas de liberalización del comercio minorista.
La primera se concretará en la Ley de Unidad de Mercado Asuntos, cuyo objetivo es acabar con la actual maraña normativa para garantizar que cualquier bien o producto elaborado en España pueda circular libremente por todo el territorio nacional.
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, justificaba recientemente la necesidad de esta ley en que "tenemos diagnosticado un problema que aqueja a la economía y que supone un coste insoportable para la actividad económica y para muchas empresas. Es un factor que disuade el emprendimiento, la inversión y que disuade a los inversores extranjeros de venir a España".
Además, el Gobierno tiene intención de aprobar una reforma, consensuada con las comunidades autónomas, de la Ley de Comercio para liberalizar los horarios comerciales y ampliar el número de aper- turas en domingos y festivos.
Los estudios que maneja el Ejecutivo confirman que las comunidades con mayor apertura y libertad comercial son las que están teniendo mejores resultados en actividad de negocio y empleo.
España es hoy uno de los países de Europa más restrictivos en materia de comercio y aunque el ideal del Ministerio de Economía es el modelo de libertad total de aperturas de Madrid, al final parece que optará por ampliar las denominaciones de zonas turísticas en todo el Estado, especialmenten el centro de las ciudades.