El PP ha presentado varias enmiendas transaccionales a la reforma laboral aprobada en febrero. Entre ellas, incluye la que modifica el polémico contrato a emprendedores. La propuesta, que cuenta con el apoyo de CiU, fija un límite temporal para la aplicación de dicho contrato, que seguirá vigente mientras la tasa de desempleo supere el 15%. Todos los grupos del Congreso en contra de la reforma del PP, excepto CiU.
Este contrato para pymes de hasta 50 trabajadores y autónomos se creó el pasado mes de febrero con la intención de incentivar la contratación de trabajadores en las empresas españolas. Sin embargo, ha sido criticado desde distintas asociaciones por incluir un periodo de prueba de un año durante el cual la empresa no tiene que pagar indemnización si decide despedir al trabajador.
Así, con la enmienda introducida una vez el paro baje del 15% ya no se podrán realizar nuevos contratos de emprendedores, pero sí se mantendrán los firmados hasta la fecha.
En total, el Grupo Popular ha presentado un total de 27 enmiendas de nueva redacción en la Comisión de Empleo del Congreso. Todas ellas podrán incorporarse al texto porque, o bien han sido pactadas con CiU, o bien se incorporan como modificación de las enmiendas iniciales del PP.
Puntos calientes
Además del nuevo despido, otros asuntos polémicos de la reforma laboral serán modificados. Así, se fija que los motivos económicos se verificarán finalmente cuando caigan los ingresos ordinarios comparándolos con los datos del mismo trimestre del año anterior.
También se obligará a que la comunicación a las autoridades laborales de los despidos colectivos tenga que ir acompañada de "toda la información necesaria" pero no se obliga, sino que se deja a la decisión potestativa del empresario, a informar individualmente a los trabajadores de los despidos.
Por otra parte, se clarifica la función de la autoridad laboral y se permite que los agentes sociales acuerden en cualquier momento acudir a la mediación o el arbitraje durante la negociación de un despido colectivo. Aunque se mantiene la cancelación de la autorización administrativa y se limitan las funciones de la autoridad laboral a la constatación de que existe la causa mayor alegada, se podrán impugnar los acuerdos si hay fraude o abuso, y también si se detecta que el despido busca únicamente el cobro de la prestación por desempleo.
Nuevas bonificaciones
Con el trámite de enmiendas, la reforma laboral incluirá nuevas bonificaciones por contratación, más allá de las ya anunciadas para el contrato de emprendedores. Así, los familiares de trabajadores autónomos o por cuenta propia que se den de alta en el RETA para poder colaborar en dichas actividades gozarán de una bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.
En la misma línea, y también a instancias de CiU, los empleados del sector turístico, comercio y hostelería que mantengan los contratos fijos discontinuos durante los meses de marzo y noviembre podrán beneficiarse de bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, la recaudación conjunta de desempleo, el Fogasa y la aportación a la formación profesional.
Esta medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 y, posteriormente, se evaluará su eficacia antes de decidir si se prorroga.
Para promover la contratación de calidad a personas con discapacidad, el PP ha propuesto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV, CiU y el PSOE la presentación, antes de un año, de un proyecto de ley de Promoción de la Inclusión Laboral del colectivo. También se dará prioridad a estos trabajadores, así como a las víctimas de terrorismo o violencia doméstica, para acceder a puestos de trabajo de la misma empresa en otras localidades, y se permitirá a las comunidades autónomas hacer acciones de políticas activas de empleo adaptadas.
El Gobierno regulará asimismo un "nuevo marco de medidas estatales para favorecer la inclusión de discapacitados" y también deberá presentar una memoria sobre el gasto y resultados de las políticas activas de empleo, incluyendo un apartado de evaluación de la mejora del procedimiento de la formación en cuanto a la reducción de las cargas burocráticas, las rigideces del sistema y la incorporación de las pymes, ambas cosas a propuesta de CiU.
Concesiones a CiU
Entre las iniciativas acordadas con los nacionalistas catalanes también figuran que en el diseño del sistema de formación profesional para el empleo se tendrá en cuenta las necesidades de autónomos y de la economía social, la clarificación de todo el proceso de recurso cuando no se llega a acuerdos en convenios colectivos, o la aprobación antes de enero de 2012 de un proyecto de ley que actualice y revise la Ley para la Regulación del Régimen de las empresas de inserción.
También se garantiza la participación de los servicios públicos de empleo autonómicos en la actividad formativa de los contratos de aprendizaje, y se precisa que los sindicatos deben tener una "implantación suficiente" para poder impugnar un despido colectivo por causas objetivas.
Asimismo, el PP ha ofrecido a CiU y el BNG doblar hasta el 10% las horas de jornada laboral que se pueden distribuir de manera irregular a lo largo del año y promover la jornada continuada o el horario flexible para mejorar la productividad y fomentar la conciliación.
Otra de las enmiendas aprobadas ha sido la petición de CiU de publicar, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor de la reforma, un informe de evaluación que analice el impacto de las medidas adoptadas en los datos de empleo, paro o temporalidad.
Además, el Gobierno deberá redactar durante la segunda mitad de este ejercicio un informe sobre los procesos de regulación de las empleadas del hogar que han tenido lugar desde la entrada en vigor de la normativa para regularizar este servicio, proponiendo fórmulas de simplificación de los trámites y de posibles mejoras en las cotizaciones.
Asimismo se modifica finalmente el criterio de despido por absentismo, ampliando el cómputo de las faltas al 5% de las jornadas hábiles anuales y excluyendo a los enfermos de cáncer, graves o crónicos.
Mutuas y ETT
Finalmente, los populares proponen al PNV que la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social se haga en tres meses y no en seis; y a UPyD se le acepta reducir de 500 a cien los trabajadores que debe tener una empresa para que los despidos colectivos conlleven aportaciones al Tesoro.
Además, también han presentado transaccionales a enmiendas socialistas para emplear el silencio positivo en la autorización de ETT a actuar como agencias de colocación, y para adoptar medidas de racionalización horaria tres meses después de que la subcomisión parlamentaria sobre conciliación emita su dictamen.
Con respecto al contrato de formación, se propone a la Izquierda Plural que se aplique también a estudiantes de formación profesional, que se pueda renovar hasta dos veces sin que ello suponga superar los tres años máximos permitidos, si bien se podrá prolongar más tiempo siempre y cuando la cualificación profesional que se obtenga sea diferente.
El nuevo contrato laboral a examen
