El Banco de España se ha visto obligado a retrasar la subasta de Banco de Valencia ante la reforma financiera aprobada por el Gobierno. El proceso, que en un principio estaba previsto que finalizara principios de junio, podría alargarse hasta a principios de julio.
Pero el nuevo decreto ha supuesto un cambio radical en los procesos de venta de CatalunyaCaixa y Novagalicia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que para estas dos entidades el Ejecutivo está reflexionando y barajando distintas alternativas a la desinversión total. Éstas pasarían por mantenerse más tiempo bajo el control estatal, integrarlas en Bankia o la venta de activos por bloques. "Hay abiertas otras opciones", dijo.
Los motivos del aplazamiento y la suspensión son diversos. Por un lado, los candidatos a hacerse con la entidad valenciana quieren esperar a que se produzcan nuevas fusiones, sobre todo, de cajas medianas, para lo que tienen el próximo mes. Por otro, quieren conocer el impacto real del nuevo decreto sobre provisiones. Y, en tercer lugar, que el trabajo de valoración encargado por Economía para valorar los activos problemáticos en el sector esté encima de la mesa. A estas tres condiciones, se suma otra: que se despeje quién va a pagar el coste de las adjudicaciones -si el Frob o el FGD- y cómo se va a financiar.
El nuevo calendario de la puja de Banco de Valencia fija para finales de junio la presentación de ofertas vinculantes. Días después el supervisor decidirá quién es el ganador. El proceso participan, entre otros, el Santander, BBVA, el Popular, Ibercaja, Unicaja, BMN y Liberbank.
La de CatalunyaCaixa estaba prevista que terminara a finales de julio, mientras que la de Novagalicia se esperaba para después de verano, de acuerdo a los contratos establecidos.
En caso de que no se vendan, el Estado tendrá que aportar los recursos necesarios para su saneamiento que, en principio, ascienden en conjunto a casi 6.000 millones de euros.
La situación de Banco de Valencia
La reforma también ha encarecido el coste de la subasta de Banco Valencia. Su déficit de capital supera los 1.100 millones de euros. Este agujero se cubrirá casi en su totalidad con la ampliación de capital puesta en marcha por importe de 1.000 millones. Se espera que la inyección sea desembolsada en su mayor parte bien por el fondo de garantía de depósito o por el Frob antes del próximo 7 de junio. Las necesidades son mayores, ya que el impacto neto de las reforma de Luis de Guindos sobre su solvencia ascienden a otros 1.417 millones.
En el cuaderno de venta el Banco de España había ofrecido, además de ayudas en forma de capital, un Esquema de Protección de Activos (EPA) para los próximos diez años con el objetivo de blindar al comprador de las eventuales pérdidas de Banco Valencia. Este EPA cubre el 80 por ciento de las minusvalías que se registren por una cartera de créditos de 6.000 millones, por lo que el coste de este esquema se eleva a 4.800 millones.
Los candidatos están presionando al órgano supervisor que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez para que esta cobertura sea mayor ante la situación económica y las posibilidades de que el agujero finalmente sea superior.
Algunos de ellos, además, podrían incluir en sus ofertas ayudas de liquidez. Banco de Valencia recibió tras su intervención en noviembre una línea disponible de financiación por importe de 2.000 millones. De esta cantidad ya ha utilizado más de 1.100 millones para cubrir vencimientos de deuda.
El FROB contempla la venta de CatalunyaCaixa
