Los empleados públicos no se han podido librar de la vorágine de reformas y ajustes presupuestarios puestos en marcha por el Gobierno. Después de varias informaciones que apuntaban a una vinculación de su salario a la productividad o a una posible bajada de sueldo, las medidas de control al absentismo no han gustado al colectivo, que se siente "demonizado".
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha emitido un comunicado en el que expresa abiertamente su malestar acerca de la postura que el Ejecutivo está adoptando con el funcionariado.
En concreto, hace referencia a la iniciativa recogida en el 'Programa Nacional de Reformas 2012' que se envió a Bruselas el pasado mes de abril, destinada a atajar la "elevada" tasa de absentismo de los funcionarios.
En ella, el Gobierno popular contempla que estos trabajadores no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal. Además, establece un cambio en el cómputo de las bajas, que se hará por días, o una mayor vigilancia de la evolución de la enfermedad.
Desde la asociación de altos funcionarios declaran estar "sorprendidos, perplejos y asombrados" ante esta decisión del Gobierno, que además podría estar preparando medidas adicionales como la de vincular hasta un 20% de sus salarios a productividad y rendimiento o recortes de plantilla en las Administraciones.
Así, mientras Cristóbal Montoro afirmaba que se tendrían que ganar su puesto o Antonio Beteta manifestaba que tendrían que "olvidarse de tomar cafelito", han arreciado las críticas desde las distintas agrupaciones de funcionarios. Fedeca las resume en siete puntos.
1.- Rebaja sustancial de los ingresos
Fedeca indica que los empleados públicos afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado perciben la totalidad de sus retribuciones durante los tres primeros meses de incapacidad temporal, así como la suma de las retribuciones básicas y el subsidio de incapacidad temporal de Muface a partir del cuarto mes de la baja.
2.- Discriminación frente a otros empleados públicos
La asociación asegura que otros trabajadores de la Administración General del Estado afiliados al Régimen General de la Seguridad Social perciben durante toda la baja "el subsidio de incapacidad temporal (...), sino también la diferencia entre el mencionado subsidio y la totalidad de las retribuciones que les corresponderían".
3.- Discriminación frente a la mayoría de trabajadores del sector privado
Destacan que en general, "en virtud de los convenios colectivos", tienen derecho a que la empresa les abone la diferencia de ingresos citada anteriormente y añaden que son las mutuas las que se encargan de evitar el absentismo.
4.- Precarización de la situación del trabajador
De acuerdo con Fedeca, la medida de Mariano Rajoy "olvida" que el objetivo de las prestaciones económicas de incapacidad temporal es sustituir las rentas laborales que se dejan de percibir.
"Resulta imprescindible reflexionar sobre la situación de precariedad del empleado público por la enfermedad que padece. Si adicionalmente se le detraen ingresos a él y a su familia, se provoca en él un serio desvalimiento", apunta en su comunicado.
5.- Medida injusta y desproporcionada
Los altos funcionarios aseguran que son partidarios de controlar las irregularidades laborales entre el colectivo, pero consideran que el fin no justifica la medida adoptada y que no será lo suficientemente eficaz a la hora de conseguir el ahorro para las arcas públicas que persigue.
"El medio no es en modo alguno suprimir retribuciones económicas a los funcionarios enfermos o accidentados, sino controlar más y mejor (...), así como corregir las deficiencias o, en su caso, fraudes o abusos".
6.- Demonización de los trabajadores
Los altos funcionarios consideran que con esta medida se fomenta la "aversión, cuando no antipatía", hacia los trabajadores públicos, a los que se les considera "presuntos defraudadores".
"Se nos está demonizando falsa e inmerecidamente, muchos ciudadanos pueden pensar que estamos utilizando prestaciones públicas de protección social para incumplir nuestras obligaciones", señalan.
7.- Reducción encubierta de los salarios
Los funcionarios afirman que se trata de una "nueva medida encubierta de reducción de retribuciones, añadida a las que ya hemos tenido que soportar en años anteriores".
Cerco del Gobierno a los funcionarios
