Justicia no ve razón para modificar la ley que prevé la exención del IBI a la Iglesia

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IBI: El Gobierno deja la decisión a los municipios

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El director de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente Fernández de la Reguera, ha asegurado que no ve razón "fundada" para modificar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede en 1979 ni la Ley de Mecenazgo 49/2002 que establece que la Iglesia católica está "exenta" de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Estas declaraciones coinciden con el anuncio por parte del Ayuntamiento de Zamora de que cobrará el IBI a algunos edificios de la Iglesia no incluidos en la Ley de Mecenazgo ni en los Acuerdos con la Santa Sede, decisión a la que han llegado tras la revisión y actualización de los padrones.

En una entrevista concedida a Europa Press, Llorente Fernández de la Reguera ha asegurado que la respuesta del Gobierno ante las "muchas preguntas parlamentarias promovidas por algún grupo político" al respecto del pago del IBI por la Iglesia, va a ser el mantenimiento de la regulación actual y de una legislación que, según ha explicado, se remonta al año 1979 y que ningún gobierno ha modificado hasta el momento. "No hay en principio razón que nosotros consideremos fundada para modificar esa situación", ha remarcado.

Llorente ha afirmado que "se aplica la ley" y ha recordado que España "no se puede entender sin referencia al cristianismo" y "al papel que ha tenido la Iglesia". En esta línea, ha subrayado que existe un marco que ha funcionado "muy bien" y que, si ningún Ejecutivo ha querido modificarlo es "porque la regulación es satisfactoria y no hay una alternativa que pueda verse como algo mejor".

Además, ha precisado que el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede es un convenio internacional, un "contrato entre dos partes", que "no se puede incumplir ni por parte de la Santa Sede ni del Gobierno". En cualquier caso, ha señalado que podría denunciarse, renegociarse o dejarse sin efecto, pero ha insistido en que "no hay motivos" para hacerlo.

Concretamente, ha indicado que el planteamiento de quitar privilegios a la Iglesia "no es correcto" pues, según ha indicado, "no son privilegios sino el resultado de una negociación" y, en todo caso, a su juicio, debería pedirse lo contrario, es decir, "tratar que se equiparen los derechos de las personas de otras confesiones con la Iglesia Católica".

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