El Gobierno trabaja ya en la reforma de la Administración Pública, con el espíritu de simplificarla. La clave es el estudio de las competencias repetidas, de modo que se erradiquen las duplicidades y concurrencias bajo el lema "una Administración, una competencia". Algo que tendrá una traducción presupuestaria y que, por tanto, convierte a esta reforma en una actuación de gran calado. Al evitar que distintas capas administrativas compartan funciones o competencias idénticas y concentrarlas sólo en uno de los niveles, lo que se hará es atribuir la dotación financiera a quien ejerza la función, propiciando un ahorro estructural.
La reforma de la Administración Pública, cuya concreción se prevé para primeros de mayo, es una de las que están incluidas en la hoja de ruta de las reformas del Ejecutivo, que presenta mañana en Consejo de Ministros, enmarcada en el Plan Nacional de Reformas que ha de trasladar a Bruselas antes de fin de mes para su examen junto con el Plan de Estabilidad, que incluye un cuadro macro para el trienio 2013-2015. Ahí marcará el Gobierno las metas de consolidación fiscal, amén de aclarar implícitamente la duración que atribuye a la vigente recesión.
Los escollos
La citada reforma de la Administración enfrenta algunos escollos a la hora de articularse. Al concentrar competencias en un solo nivel, surge la problemática de separar la gestión de la atribución original de la competencia. También abre el espinoso debate de qué sucederá con las diputaciones provinciales si son desposeídas de algunas de sus funciones, algo que puede afectar también al régimen de las mancomunidades de municipios, según apuntan expertos consultados por elEconomista.
El Plan Nacional de Reformas incluye también otros compromisos ya adoptados, como la reforma energética, la Ley de Emprendedores y la de Mercado Único.
En principio, sería la reforma energética la menos avanzada de todas, por la complejidad e implicaciones de su desarrollo. Podría estar lista en verano y se centrará eminentemente en el intento de enjugar el déficit de tarifa, lo que exige una revisión global de los costes de producción estimados.
En cuanto a la Ley de Emprendedores, prevista para mayo, la medida estrella es la que exoneraría de ingresar el IVA de facturas no cobradas de las Administraciones. Está por determinar a qué tipos de empresa se aplicaría, dado que la directiva europea al respecto se refiere a la pyme. En principio, se barajó el límite de facturación de un millón de euros, aunque podría elevarse a dos millones.
El obstáculo del Gobierno a la hora de avanzar en esta ley de apoyo al emprendedor es la incapacidad para incorporar en ella algún tipo de guiño fiscal que sería mal visto en un contexto de recortes y alzas impositivas. La Ley de Emprendedores también incluye la activación de la cuenta tributaria, es decir la posibilidad de compensar créditos y deudas con la Agencia Tributaria por la cantidad concurrente. Además, llevará medidas tendentes a eliminar trabas administrativas a la actividad, regulación de fuentes alternativas de financiación empresarial como los business angels o el capital semilla.
La ley de Unidad de Mercado, prevista también para mayo, tratará de evitar agravios por razón del territorio, especialmente en materia de servicios, de modo que se evite que el lugar del domicilio fiscal influya a la hora de contratar con alguna administración autonómica. También esta ley activará la licencia exprés de apertura de negocios y la flexibilidad y libertad de horarios, abordará la distribución comercial y regulará las sociedades profesionales en el sentido de definir cuándo será obligatoria la colegiación y cuándo no para el ejercicio de ciertas actividades.
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