Los avisos del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se repiten cada vez que tiene ocasión. "Las plantillas tienen que redefinirse y en eso estamos", aseguraba el pasado miércoles en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
En el punto de mira del Ministerio de Hacienda están tres colectivos de las dos Administraciones Públicas que más preocupan: el personal laboral, el interino y el eventual de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En sus intervenciones, Beteta va preparando el terreno a futuro.
La semana pasada no dudó en cuestionar como "inconcebible e insostenible" el hecho de que, a día de hoy, el personal que depende de las comunidades autónomas crezca a un ritmo interanual del 0,07% y el de los ayuntamientos, al 2,2%. Beteta enfrentó estas cifras a la contratación que depende de la Administración General del Estado, que se reduce un 0,35% y a la que realizan las universidades, que disminuye un 0,53%.
Primer aviso
En otra intervención reciente, en unas jornadas financieras que se celebraron el pasado 7 de marzo, Beteta denunció que autonomías y corporaciones locales habían aumentado su contratación en los últimos días años en más de 590.000 personal; mientras que el Estado hizo los deberes con un cambio de tendencia. Disminuyó su número de empleados públicos en 163.880 personas, esto es, un 22 por ciento.
Entonces, el secretario de Estado ya sugirió la necesidad de recortar la que considera "una Administración clientelar", lo que puede interpretarse como un aviso, al menos, para las 14 autonomías en las que gobierna el PP y en los cerca de 3.600 ayuntamientos que gestiona.
Hacienda no ha puesto formalmente este tema sobre la mesa en los Presupuestos de 2012, pero en semanas tiene que empezar a elaborar los de 2013. El Gobierno defiende constantemente que su opción en las cuentas de este año ha pasado por mantener la congelación del sueldo de los funcionarios y no por bajadas el sueldo, tal y como hizo el Gobierno de Zapatero dentro del plan de ajuste de mayo de 2010, cuando aplicó una reducción media del 5%. Tampoco por despidos. Eso sí, el Ejecutivo ha aplicado una reducción salarial incrementando la jornada laboral, que pasa de 35 a 37,5 horas (el Gobierno ahorrará más de 2.500 millones). Además, la tasa de reposición será cero, a excepción de servicios básicos esenciales.
Sin recorte salarial
Las palabras de Beteta en este sentido también se interpretan como una advertencia. "Somos conscientes de que no queremos un recorte salarial. Somos conscientes de que sí tenemos que abordar esa reducción en la tasa de reposición de efectivos y para todo ello es imprescindible un claro diagnóstico de las necesidades de la Administración, con el objetivo de ganar eficiencia, dinamismo y ampliar y potenciar las capacidades de nuestro personal, que ya es muy cualificado", dijo.
Beteta, que se ha disculpado por las declaraciones en las que aseguró que "los funcionarios tendrán que olvidarse de tomar el cafelito", insiste en que cree en la función pública y "en su valor". En esa línea, defiende que Hacienda trabaja para no repetir "experiencias pasadas", pero reiteró "un esfuerzo adicional" al conjunto de empleados públicos teniendo en cuenta la coyuntura económica excepcional.
Abocados a recortar empleo público