
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha apuntado hoy que las comunidades autónomas que manifiesten que no van a poder cumplir con sus obligaciones financieras podrán pedir ser intervenidas a partir de mayo.
Se trata de una opción nueva que pone encima de la mesa el Gobierno. Pero además, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de decidir si interviene a una región aunque ésta no se lo pida si prevé que no va a cumplir con los objetivos de déficit, según los poderes que le da la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria. Las CCAA podrán ser intervenidas en seis meses y no en nueve como se contemplaba origiariamente, un cambio que obedece a una enmienda presentada por el PP.
Antes de que termine el mes, las regiones están obligadas a presentar su programa de ajustes. Estos deberán incluir los planes para atender el pago a proveedores y detallar qué plan se va a seguir para reequilibrar sus finanzas y reducir el déficit al 1,5% este año.
Beteta ha recordado que las comunidades autónomas ya han presentado planes de ajuste por 10.000 millones de euros, que se suman a los otros 10.000 millones que se quieren ahorrar en sanidad y educación. No obstante, también ha recordado que se han devuelto varios planes de ajuste "por inconsistentes" y porque incluyen ingresos que no están previstos.
Estos planes se analizarán y serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
"A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha advertido Beteta.
"No vamos a mirar el color político del gobierno de cara a la intervención, es irrelevante. Vamos a mirar la necesidad de que se cumpla la ley, eso es lo relevante", ha asegurado.
Beteta ha recordado además que el Gobierno actuará no sólo en los casos en los que se incumpla el déficit, sino también cuando la Administración en cuestión incurra en una "incapacidad de financiación", es decir, no pueda devolver sus gastos financieros.
Las comunidades autónomas deben reducir su déficit hasta el 1,5% del PIB en 2012 desde el 2,9% de 2012, aunque el mercado duda de que algunas, como Castilla La-Mancha que tiene un 7% de desfase, lo logren.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha comentado que "las llamadas regiones están en el ojo de mira de los mercados, del BCE, de la Comisión Europea y el FMI". De hecho, ha reconocido que el FMI y la Comisión Europea, en "sus permanentes visitas", "miran con lupa" y dedican el mayor tiempo a analizar las cuentas de las CCAA.
Pago a proveedores
Beteta ha aportado datos de las CCAA que se han sumado al plan de pago a proveedores. Valencia es la región que más facturas debe, con una cifra de 4.205 millones de euros. Le siguen Andalucía con 2.763 millones y Castilla La Mancha con 2.510 millones.
Las facturas pendientes de pago de las comunidades autónomas que se han acogido al Plan de proveedores ascienden a 17.255 millones de euros.
España cumplirá con el déficit
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Beteta ha manifestado que España va a cumplir con sus compromisos de reducción del déficit público "por grande que sea". "Este esfuerzo, que algunos consideran baladí, nos va a permitir recuperar la confianza perdida, tanto de nuestros socios europeos, como de las organizaciones internacionales.
Sus palabras llegan un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestara sus dudas al asegurar que España no reducirá su déficit al 3% al menos hasta 2018, en lugar de en 2013 como marca el Bruselas.