El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer en el Congreso de los Diputados los Presupuestos para 2012, los más restrictivos de la democracia, con la premisa de que España "no va a vacilar en cumplir con el déficit público", pese a admitir que estamos "en una situación extraordinaria y límite". Así son los PGE y así gastará España el dinero en 2012.
El déficit tiene que reducirse este año del 8,5 al 5,3% del PIB a partir de un ajuste total de 27.300 millones de euros, un recorte que se comerían cualquiera de las dos grandes partidas de los Presupuestos: los intereses de la deuda (28.848 millones) o las prestaciones por desempleo (28.805 millones). También el tijeretazo es superior al gasto del Estado en todo su personal: 27.339 millones.
Con estas cifras sobre la mesa y con el objetivo de cumplir sí o sí con el proceso de consolidación fiscal que Bruselas, Berlín, los mercados y los inversores vigilan al milímetro, Montoro ha echado un capote en las cuentas públicas a los actores que pueden tener más dificultades para mantener su compromiso: las autonomías, que en 2011 ya fueron las más incumplidoras.
El colchón
Hacienda ha reservado 8.455 millones de euros más en el capítulo de gasto disponible (un 30,2% más de Presupuesto, hasta los 36.489 millones) para que las comunidades autónomas cumplan. ¿Cómo? A través del sistema de financiación, del plan de pago a proveedores, del adelanto del 50% de las liquidaciones de los recursos del sistema de financiación, así como de una Línea ICO para pagar los vencimientos de la deuda financiera.
Sin embargo, el colchón tiene su trampa, ya que las autonomías estarán obligadas, a partir de mayo, a cumplir estrictamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No habrá excusas, advirtió Montoro. La norma se reserva la posibilidad de aprobar una no disponibilidad de créditos para las autonomías a modo de fianza que podría convertirse en multa si siguen en sus trece. Además, Hacienda podrá intervenir a las regiones reincidentes.
En este sentido, Montoro mandó un claro aviso a navegantes: "Todos vamos a seguir yendo en el mismo barco". Para Andalucía, la comunidad que más preocupa al Ejecutivo a raíz del previsible pacto de gobierno de PSOE e IU, fueron varios los mensajes directos: "Hay que cumplir independientemente de los acuerdos. [...] Andalucía va a cumplir. No caben posturas autóctonas".
Menos inversión
En el lado contrario, los Presupuestos llevan a la práctica la declaración de intenciones que horas antes realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al asegurar que el país no está "para aeropuertos ni para polideportivos". Las cuentas contemplan una caída de la inversión estatal en la mayoría de las comunidades, con un descenso medio del 25%, siendo Cataluña, Navarra, La Rioja y Andalucía las más perjudicadas.
Precisamente, Montoro mostró toda su dureza con la Generalitat de Cataluña, pese a que CiU era y sigue siendo su principal esperanza de cara a un acuerdo parlamentario. "El Presupuesto llega donde llega. [...] No es el momento de financiar más gasto para ninguna comunidad, respondió ante la petición que CiU hace de que se paguen los 219 millones del Estatut de 2009.
Escoltado por sus secretarios de Estado, Montoro defendió unos Presupuestos que insistió en que "no perjudicarán la esencia de la recuperación económica" porque no afectan directamente el consumo. Su argumento: preservan del ajuste "las grandes fuentes de renta", esto es, cerca de 14 millones de personas que cobran la partida de pensiones (que suben un 3,2%), el seguro por desempleo (que baja un 5,5% porque aunque habrá 631.100 parados más, habrá menos beneficiarios del subsidio), las becas, además de los funcionarios que mantienen su poder adquisitivo (sufren el ajuste a partir de un incremento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas).
El resto de partidas se recortan en mayor o menor medida en unos Presupuestos que reducen un 4,3% el gasto social y que, en el capítulo de ingresos, incluyen la amnistía fiscal, una subida del IRPF, la eliminación de deducciones en Sociedades, así como nuevas tasas.
En cuanto a los tiempos, Montoro insistió en que las cuentas de 2012 "no son para ocho meses, sino que están en vigor desde el 1 de enero" y se ratificó en que seguirán su tramitación parlamentaria, pese a la urgencia de la UE, es decir, saldrán de la Cámara en junio.
Sin embargo, avisó a los ciudadanos de que la recuperación económica y el empleo "no se verán en un día". "La confianza hay que ganársela", aseguró, para abrir la puerta a un posible plan B si alguna partida se sale del guión. Lo primero, el déficit; lo segundo, el déficit y lo tercero, el déficit", concluyó.
La deuda el paro y las pensiones se comen los PGE
