La banca española ha acelerado en los últimos días los contactos para poder llevar a cabo los procesos de fusión. Tras una primera ronda de conversaciones de todos con todos, cada entidad ha perfilado el colectivo con el que continuar negociando después de hacer los descartes oportunos. En el baile el sector está teniendo en cuenta aspectos como la necesidad de ayudas para los proyectos y las limitaciones de sueldo impuestas por el Gobierno para los grupos rescatados.
Aunque para definir el mapa aún tienen que sucederse varios acontecimientos. Uno de ellos es la adjudicación de Unnim, por la que pujan Ibercaja, el Popular, BBVA y el Santander. Los dos primeros parten como favoritos para absorber la entidad catalana.
Claro ejemplo del acelerón en los contactos es Banca Cívica, que está abocada a presentar al supervisor un plan de integración a finales de mes para poder cumplir con las nuevas exigencias de provisiones. El grupo que copresiden Enrique Goñi y Antonio Pulido está manteniendo conversaciones con La Caixa, Ibercaja y Kutxabank. Con anterioridad habían analizado su fusión con Unicaja y BMN, entre otras.
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, reconoció ayer las negociaciones de Banca Cívica con La Caixa y sostenía que era "una opción" para el conglomerado liderado por CAN y Cajasol. La reestructuración del sistema también depende del plan de integración de Unicaja con Duero-España, después de que la primera se niegue a culminar la operación sin un Esquema de Protección de Activos (EPA) de algo más de 1.000 millones.
Una de las soluciones que se maneja para que la fusión siga adelante es la incorporación de un tercero. Según fuentes conocedoras del proceso, éste sería Liberbank. El pasado verano ya se planteó la posibilidad de esta integración a tres bandas. Liberbank, si bien, ahora está negociando la compra de la filial española de Caixa Geral para conseguir dos años para llevar a cabo el saneamiento de su balance.
El sector tiene que presentar este mes su proyecto para elevar el volumen de provisiones con el objetivo de limpiar los activos tóxicos. Según los cálculos del Gobierno, las entidades tendrán que desembolsar a tal fin 52.000 millones de euros. Si emprenden una fusión tendrán la ventaja de hacerlo en dos años, y podrán solicitar ayudas. Si continúan en solitario, el esfuerzo lo tendrán que efectuar a lo largo de 2012 y podrían incurrir en pérdidas.
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