España generaliza el despido de 20 días, mientras Portugal recorta drásticamente la indemnización, suprime festivos y baja horas extra. Italia aprobará su reforma en un mes.
Europa y los mercados la exigían, y el Gobierno de Mariano Rajoy les ha dado una reforma laboral "completa y de calado", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Una reforma que se vertebra sobre dos ejes básicos: el abaratamiento del coste del despido y la flexibilidad en las empresas y en la negociación colectiva. Esos son los mimbres con los que el Gobierno del PP intenta detener la sangría del paro -que sufren ya 5,2 millones de personas- y reanimar un mercado laboral en la UCI.
Como ya ha sucedido en Grecia y, más recientemente, en Portugal, el despido y su indemnización son los caballos de batalla de la reforma española, a la que PSOE y sindicatos se oponen, y que los empresarios ven con buenos ojos, aunque algunos, como el Círculo de Empresarios, querrían que el Gobierno fuera más allá y reclaman una nueva ley de huelga.
El texto presentado por el Ejecutivo generaliza el despido objetivo con 20 días por año trabajado y finiquita el despido exprés, usado como alternativa al despido procedente y que tiene una indemnización de 45 días y 42 mensualidades. Pues bien, desde ahora, las empresas podrán presentar en primer lugar un despido procedente por causas objetivas, con 20 días de indemnización y 12 mensualidades, sin autorización previa.
A la par, la indemnización por despido improcedente se rebaja a 33 días por año, con un tope de 24 meses, lo que supone una considerable merma económica para el trabajador, desde los anteriores 45 días y42 mensualidades. La reforma elimina, asimismo, los salarios de tramitación, que eran la causa de que el 60 por ciento de los despidos se acogieran a la fórmula exprés. Y, en línea con la UE, se suprime la autorización previa.
En el ámbito de la flexibilidad, desde ahora tendrán prioridad los convenios de empresa, que podrán adaptar las condiciones laborales a la realidad de su negocio. Eso implica que el empresario podrá modificar las funciones, la jornada de trabajo, el horario, el salario y el sistema de rendimiento. Igualmente, se simplifican los trámites y se establecen incentivos para la reducción de la jornada laboral o la suspensión temporal de los contratos, ante situaciones de disminución de la demanda.
Italia encalla
En Italia, las cosas no están mucho mejor. El primer ministro, Mario Monti, tiene poco menos de un mes para enderezar las torceduras de su mercado de trabajo. El Gobierno tecnócrata italiano quiere aprobar la reforma laboral -uno de los principales puntos de su estrategia para el crecimiento- antes de que empiece la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales de mayo. En Roma, esta parece la única forma de asegurarse el visto bueno de la tan amplia como frágil mayoría parlamentaria del Ejecutivo -formado por los partidarios de Berlusconi junto a sus opositores del partido demócrata- que, tan cerca de las elecciones, podría bloquear la reforma.
La ineficiencia del mercado laboral es, según el primer ministro, uno de los principales límites que frenan las inversiones exteriores en Italia. Además, el Gobierno quiere superar la dualidad que opone a los trabajadores con contrato indefinido, tutelados por el actual marco de leyes, y los numerosos jóvenes que no encuentran trabajo o que sólo hallan empleos temporales.
De las nuevas contrataciones, más del 60 por ciento -según el instituto nacional de estadísticas transalpino- es a tiempo parcial y la mitad de los trabajadores italianos con empleo parcial tiene menos de 25 años. El peso de los jóvenes entre los trabajadores temporales ha subido en 2011 del 7 por ciento, mientras el desempleo juvenil roza el 30 por ciento.
Los sindicatos están de acuerdo con Monti y con su ministra de Trabajo, Elsa Fornero, en favorecer la contratación de jóvenes y simplificar la actual Babel de convenios de trabajo temporal. En Italia, además del contrato a tiempo indefinido, hay otras 45 formas de contratar: la reducción, aunque no está previsto llegar a un contrato único, ayudaría también a difundir el contrato de formación y aprendizaje, que el Ejecutivo piensa valorizar como forma principal de acceso de los jóvenes al mercado laboral.
Los roces entre el Ejecutivo y los sindicatos surgen en los despidos. Monti y Fornero quieren abaratar y simplificar los despidos en las grandes empresas, pero las organizaciones de los trabajadores siguen oponiéndose. En 2002, el principal sindicato transalpino, CGIL, sacó a la calle a tres millones de personas para defender el artículo 18 del Estatuto de Trabajadores, que regula el despido y, en ausencia de una justa causa, no prevé indemnizaciones, sino que obliga a la empresa a reintegrar al empleado.
El compromiso propuesto por el Gobierno es mantener esta norma, pero suspenderla para los trabajadores jóvenes recién contratados: durante los primeros tres años de trabajo el despido sería más fácil y sólo conllevaría una indemnización.
De hecho, aunque siga siendo un símbolo del debate sobre la reforma laboral en Italia, el artículo 18 afecta sólo a las empresas con más de 15 empleados, es decir, al 5 por ciento de las compañías registradas en Italia. Así que, para promover el crecimiento de las pymes, la reforma de Monti busca también suspender la aplicación del umbral de 15 empleados en caso de incremento dimensional o de proceso de fusión entre empresas.
Lisboa: 22 días de vacaciones
La economía portuguesa se contrajo el 1,5 por ciento en 2011, frente al crecimiento del 1,4 por ciento anotado en 2010, según los últimos datos del Instituto de Estadísticas luso (INE). Por si fuera poco, Portugal es -tras España- el país de la OCDE donde más creció el paro el año pasado: 1,2 puntos. De hecho, la agencia de estadísticas confirma que 771.000 personas estaban en paro en el cuarto trimestre de 2011, elevando la tasa de desempleo al 14 por ciento.
Estas cifras, junto a la prevista contracción económica del 3 por ciento este año -el peor dato desde la década de 1970-, avivan el temor a que el país siga los pasos de Grecia y necesite otro rescate. Algo que el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, ha negado en varias ocasiones, pese a que la población ya nota, en el día a día, las consecuencias de la austeridad impuesta por Bruselas.
El último capítulo del ajuste portugués es la reforma laboral, pactada a mediados de enero entre el Gobierno, la patronal y el segundo mayor sindicato, la Unión General de Trabajadores, y con la oposición de la CGTP, que tacha el texto de "regreso al feudalismo".
Entre las novedades figura la reducción de las vacaciones hasta 22 días laborables -eliminando el premio de tres días extras que daban algunas empresas por no faltar en todo el año-, la supresión de festivos -entre 3 y 4- y la rebaja del pago de horas extraordinarias.
Junto a esta reducción significativa de las vacaciones, Lisboa ha recortado también los festivos obligatorios de que gozaban los trabajadores. Y, desde ahora, cuando una empresa elige cerrar en un día que cae inmediatamente antes o después de un festivo, ese día se descuenta de las vacaciones.
Los tijeretazos han llegado asimismo a las indemnizaciones por despido, que pasan de 30 días por año trabajado, a entre 8 y 12 días por año. El Gobierno ajustará, además, los pagos de indemnizaciones a los promedios de la Unión Europea desde noviembre de 2012 en adelante. Y creará un fondo de compensación para financiar parte del pago de indemnizaciones.
Como punto de alivio para las plantillas, el proyecto final de la reforma no recoge la ampliación en media hora diaria de la jornada, tal y como tenía previsto inicialmente el Gobierno del primer ministro, Passos Coelho.
Lo que sí introduce el nuevo marco legislativo es la creación del banco de horas, directamente formado entre la empresa y el trabajador -o con un grupo de trabajadores-, una figura que permitirá a las compañías poder distribuir la jornada de sus plantillas, para cubrir las fluctuaciones de la demanda.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, Portugal ha fijado un tope de 18 meses, más una bonificación de hasta 8 meses, con un máximo de 2,5 IAS (una suerte de renta social), equivalente a 400 euros. También tendrán seguro de paro los autónomos, donde el 80 por ciento de los ingresos proceda de la misma empresa.
Para incentivar la salida del desempleo, incluso aceptando una oferta de trabajo peor remunerada que el propio subsidio, el Gobierno luso permitirá que los parados sigan recibiendo el 50 por ciento de su prestación, durante los primeros 6 meses en su nuevo puesto de trabajo, y abonará el 25 por ciento del subsidio durante los siguientes 6 meses de contrato.
Un plan que no convence a los sindicatos
