La reforma constitucional y el subsiguiente anuncio de que una Ley Orgánica fijará los límites de déficit al conjunto de las Administraciones españolas ha provocado el desconcierto en los Gobiernos de las comunidades autónomas que, en el momento en que están confeccionando los Presupuestos para 2012, se plantean la conveniencia de establecer un techo de gasto legal en sus territorios o esperar al desarrollo del nuevo Artículo 135 de la Constitución para fijarlo a partir de 2013.
El muestrario de decisiones es muy amplio y no se corresponde exactamente con el partido político que gobierna en cada territorio. Con nueva Administración del PP, el primer presupuesto que elabore el Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, bajo regla de gasto será el de 2013, porque consideran que en el de 2012 no hay posibilidad de aplicarlo sin tener normativa al respecto.
Según la Consejería de Economía, el objetivo es elaborar y aprobar una ley de estabilidad presupuestaria para Aragón este mismo año 2011, pero con vistas a su entrada en funcionamiento el año próximo, para la elaboración del siguiente presupuesto, que será el de 2013. "Lo que no quiere decir que el presupuesto del año 2012 no se vaya a hacer bajo una obligada óptica de contención", señalan desde el Gobierno de Aragón. También Extremadura aprobará los recortes, pero para 2012, "porque las cuentas tienen que cuadrar".
Galicia hace los deberes
En sentido contrario, otra comunidad gestionada por el PP, Galicia, aprobará antes del 15 de septiembre el techo de gasto al que se adaptarán los Presupuestos de 2012 y de los dos años siguientes.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señala que Galicia se anticipará al pacto entre PP y PSOE. Ya desde el mes de junio está vigente la Ley de Disciplina Presupuestaria que establece como principio que los presupuestos de la autonomía no podrán crecer más que el PIB nominal en el ciclo expansivo de la economía.
La zigzagueante política del Partido Popular en esta circunstancia de interinidad política y normativa la muestra el hecho de que la comunidad de Castilla y León postule que la aplicación del techo de gasto tendrá que esperar, al menos, hasta el año que viene. Fuentes de la Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, dijeron a elEconomista desconocer cuándo tendrá vigencia el desarrollo legislativo de la modificación constitucional, aunque recordaron que las Cortes regionales recibirán antes de fin de año un proyecto de ley para fijar un tope de gasto no financiero.
Éste fue uno de los compromisos adquiridos por su presidente, Juan Vicente Herrera, en su investidura, aunque su cuantía estará determinada por la marcha de la economía y factores como las entregas a cuenta del Estado con cargo al modelo de financiación autonómica. Es el PSOE, hasta ahora contrario a reducir el déficit, el que quiere apurar los plazos y ha anunciado una proposición de ley para que las Cortes regionales determinen el techo de gasto de la Junta para 2012 en un debate previo a la aprobación de los presupuestos por parte del Ejecutivo.
Incertidumbre en Valencia
En la Generalitat Valenciana la recinte dimisión de Francisco Camps arroja aún una mayor incertidumbre sobre el camino a seguir. Aunque las primeras decisiones del nuevo presidente también popular, Alberto Fabra, van en esta línea de austeridad -ha anunciado recortes de cerca de 1.900 millones de euros para cumplir con los objetivos de déficit-, su equipo de Gobierno "está estudiando" cómo y cuándo establecer este techo de gasto legal.
Que la decisión de meter la tijera no se corresponde con el partido político se ve también en Andalucía, bajo el mandato de José Antonio Griñán (PSOE). La caída de los ingresos y sus dificultades para endeudarse hacen inaplazables los ajustes, que amenazan a infraestructuras y obras públicas.
"Estamos en un período de reflexión sobre este asunto, por lo que es pronto para adelantarte algo. Además, antes de pronunciarnos, esperaremos a ver si el Ministerio convoca a las comunidades autónomas para abordar la materia", explican desde la consejería de Economía.
Madrid, dispuesto; Murcia, con dudas
Por su parte, la Comunidad de Madrid espera a que el Ministerio de Economía y Hacienda envíe alguna documentación para discutir en el grupo de trabajo creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No obstante, un portavoz de la Consejería de Economía ha recordado que el Gobierno de la CAM siempre ha preconizado la austeridad y "es el único Gobierno regional que ha estado siempre en estabilidad presupuestaria y que no ha necesitado plan de reequilibrio económico financiero, mientras el resto y el Gobierno central sí.
Además, la CAM ya pidió en las dos últimas reuniones del Consejo que se recuperase el déficit cero de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno de José María Aznar".
El desconcierto es también lo que se palpa en la Ejecutiva del Gobierno murciano, que insiste en que no se trata de aplazar esta ley "sino de clarificar". "Nuestro objetivo es cumplir la norma del déficit, pero para hacerlo con garantías consideramos oportuno que revise la financiación autonómica, así como que el Gobierno central reconozca la deuda histórica", subraya su consejero económico, Salvador Marín.
Ante un posible regla de gasto común a todas las autonomías anunciada en julio en el CPFF, Marín apunta que "se trataría de que nos pongamos unos límites de gasto para evitar un comportamiento del mismo de forma pro-cíclica con el crecimiento económico, pero teniendo en cuenta los gastos generados por la prestación de servicios en Sanidad y Dependencia, y de qué ingresos se disponen. Aspectos estos que de nuevo no estaban recogidos en la propuesta que se realizaba".
Contraataque catalán
La campanada, sin duda, la ha dado la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de Artur Mas ha pergeñado un contraataque legal contra la reforma constitucional pactada por PSOE y PP para lograr desactivar el techo de déficit articulado para el Estado y las Comunidades Autónomas.
Cataluña aprobará su propia norma de estabilidad para limitar el gasto público, ha asegurado el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. El nuevo texto entronca con el compromiso del Ejecutivo "con la austeridad y la limitación del déficit".
El País Vasco, que ya redujo en 250 millones sus presupuestos del año pasado, podría anunciar nuevos recortes. No obstante, se niegan a asumir el tijeretazo del Gobierno central por entender que se trata de un ajuste imposible de asimilar para 2012 y que atenta contra los ciudadanos.
Los peros vascos chocan contra el sí navarro de su presidenta Yolanda Barcina (UPN). Desde la ejecutiva tiene claro que "sí vamos a cumplir la cifra del 1,3 por ciento de déficit del PIB para este año", un sí que se aleja de la respuesta del Principado de Asturias, "que optará por aquello que sea mejor para todos los asturianos, ya que desconocemos si el Ministerio de Economía seguirá adelante con su voluntad de aprobar una regla de gasto".
En Canarias, el Gobierno de Coalición Canaria adelanta a elEconomista su "sí" rotundo: este año habrá techo de gasto.
"La reforma mejorará la credibilidad"
