Las diputaciones provinciales, que ocupan el centro del debate sobre la reforma administrativa necesaria para acomodar el gasto público al criterio de déficit cero, no se han sentido aludidas por la austeridad dominante y han incrementado su deuda en los tres primeros meses de este año el 13,1% respecto al trimestre anterior y el 12,1% en términos interanuales, hasta situarse a finales del mes de marzo, último dato oficial conocido, en 7.194 millones de euros.
En el primer trimestre de este año, las diputaciones de régimen común han incrementado su deuda el 25% intertrimestral, mientras que la deuda de las diputaciones forales del País Vasco y la correspondiente a cabildos y consejos insulares no subió.
La financiación de las diputaciones provinciales de régimen común y entes asimilados (por lo tanto excluyendo las diputaciones forales) tienen una financiación que se basa en la cesión de impuestos, que en 2009, último año con datos consolidados facilitados por el Ministerio de Economía, cubrieron el 16,12%; además cuentan con el Fondo Complementario de Financiación que supone el 72,3% del conjunto de recursos y el fondo de asistencia sanitaria, que representó el 112,59%.
En el capítulo de cesión de impuestos, la mayor partida corresponde al IRPF (más o menos la mitad), al IVA le corresponde el 36% y a los Impuestos Especiales el 14% restante. El régimen especial que rige en Canarias ofrece una estructura diferente de cesión de impuestos en los cabildos del archipiélago. En el último año de referencia (2009) la cesión de impuestos supuso 786 millones de euros.
Un modelo complejo
Las complejidades del sistema de financiación de las provincias y de los cabildos insulares provoca una gran dispersión en la estructura de los ingresos. El porcentaje de la cesión de ingresos oscila, por ejemplo, entre el 8,05 de la provincia de Gerona y el 30,58 de la provincia de Burgos. Algo parecido ocurre con el Fondo Complementario de Financiación, que para Gerona o Teruel representa por encima del 91%, mientras que para Granada supone el 73,27%. En el caso de los cabildos insulares, las diferencias son aún mayores.
También induce el sistema a que la percepción por habitante sea muy divergente según las diferentes provincias. Las participación en Tributos del Estado por habitante puede alcanzar desde 280 euros en la provincia de Soria a sólo 90 euros en Alicante o a 93 euros en Málaga.
Por lo que se refiere al sector público dependiente de las diputaciones y cabildos, también es preciso señalar que se ha expandido en lo más duro de la crisis. De hecho, han aumentado las sociedades y entidades dependientes de estas instituciones en una proporción del 6,5%, mucho más elevada que las de las comunidades autónomas (2,7%), que de los municipios (0,5%) y por supuesto más que el Estado, que las redujo levemente en el mismo periodo.
Rubalcaba insiste
El candidato del Partido Socialista en las elecciones generales siguió ayer acumulando argumentos a favor de la supresión de las diputaciones provinciales, aunque varias de las críticas recibidas provienen de su propio partido.
Alfredo Pérez Rubalcaba cifró en 1.000 millones de euros la cantidad que se ahorraría con la eliminación de estas instituciones y, asimismo, 1.000 cargos públicos. Para el candidato socialista, las diputaciones se han quedado "en territorio de nadie" entre las comunidades autónomas y los municipios. No obstante, ayer matizó que algunos de los servicios que prestan y las funciones que desempeñan para los pequeños municipios "alguien tendrá que hacer esa labor". Por eso afirmó que no todas las diputaciones podrán seguir existiendo.
Desde su propio partido, el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, negó que las instituciones sean inoperantes y cree que el debate suscitado por el candidato Rubalcaba está "desenfocado", pronosticando un caos financiero y de servicios en los pequeños ayuntamientos si se suprimen de un "plumazo".
También desde Andalucía, el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha entrado en el debate con la propuesta de una reconversión de las diputaciones en entidades de una nueva administración que tendría carácter comarcal. "Se trata de darles una función diferente o de su desaparición", dijo Valderas.
Suprimir las diputaciones ahorraría mil millones 
