La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado en cuatro escalones el rating de la deuda de Portugal, desde 'Baa1' hasta 'Ba2' con perspectiva negativa, lo que sitúa la calificación de Portugal en 'bono basura'.
La agencia cree que el país necesitará una segunda ronda de financiación oficial antes de que pueda volver al mercado de capitales.
A mediados de mayo, los ministros de Economía de la Eurozona aprobaron el rescate de 78.000 millones de euros durante tres años para Portugal cuyo objetivo es ayudarle a hacer frente a su crisis de deuda y "salvaguardar la estabilidad en la Eurozona y en la UE en su conjunto
Moody's tiene elevadas dudas de que la economía portuguesa sea capaz de alcanzar completamente sus objetivos de reducción del déficit y de estabilización de deuda acordados con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de la ayuda.
En este sentido, Moody's, que con esta decisión da por cerrado el proceso de revisión para una posible rebaja en el que situó la calificación de la deuda lusa el pasado 5 de abril, alerta de los "enormes desafíos" a los que se enfrenta el país para reducir el gasto, incrementar la recaudación de impuestos, lograr crecimiento económico y apoyar al sistema bancario.
Portugal se ha comprometido a reducir el déficit público al 5,9% del PIB para finales de este año, y al 3% en 2014, gracias a la aplicación de un draconiano programa de ajuste y reformas en tres años. El actual déficit presupuestario de Portugal pasó del 9,2% del PIB en diciembre al 8,7% a finales de marzo pasado.
El Gobierno portugués responde
Tras conocer la noticia, el Gobiero luso ha señalado que la decisión de Moody's de rebajar su calificación hasta la categoría de 'bono basura' pone de relieve la complicada situación de la crisis de deuda soberana, pero afirma que no tiene en cuenta el amplio apoyo a las medidas de ajuste anunciadas ni el nuevo impuesto sobre la renta anunciado por el Gobierno la pasada semana.
Hoy mismo, ha aprobado la retirada de la 'acción de oro' del Estado en las empresas EDP, Galp Energia y Portugal Telecom, tal y como exige el pacto de asistencia financiera suscrito con la UE, el FMI y el BCE.
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