Los últimos Presupuestos de la legislatura deben salir adelante si el presidente del Gobierno no quiere abandonar la Moncloa antes de tiempo. El Ejecutivo no cierra ninguna puerta y prepara el camino para sumar todos los apoyos posibles del frente nacionalista.
Las conversaciones con PNV se centran en más competencias al País Vasco. En cambio, los catalanes intentan gobernar bajo la losa de su deuda autonómica, que alcanza ya los 34.323 millones, encabezando el ranking de las regiones más asfixiadas.
Para aliviar su carga y haciendo un guiño a CiU, que en el Debate sobre el Estado de la Nación adelantó su no a las Cuentas de 2012, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, abrió ayer la puerta a invertir parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda autonómica.
En respuesta a CiU
Gómez afirmó que por ahora "no se ha pensado en ningún porcentaje concreto del Fondo de Reserva" que se pudiera desviar para absorber la oferta territorial. Pero destacó que no existe ningún impedimento legal hacerlo. De esta forma, el ministro de Trabajo respondía a la petición del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. El pasado martes, Duran instó al Gobierno a que el Tesoro Público gestione la emisión de los bonos autonómicos para no tener que pagar la "sobreprima" que Cataluña soporta.
Hasta ahora, la Generalitat ha emitido 5.700 millones en bonos patrióticos en dos colocaciones. La primera con José Montilla, que alcanzó los 3.000 millones y la segunda, ya con Artur Mas en el poder, fue de 2.700 millones en abril.
En aquel momento, el president consiguió un préstamo de 400 millones del Santander al 5,7% a 4 años y una emisión internacional de otros 400 millones a. 5,37% a dos años. El resto se sacó al mercado como bonos a un interés del 4,25% para un año y del 4,75 a dos años, a lo que se sumó la comisión del 3% de la entidad que lo tramita.
Un coste desorbitado que CiU intenta rebajar, argumentando que los road show que hace el Tesoro los pagan todos los españoles. La propuesta de Valeriano Gómez no se adapta exactamente a la petición de los catalanes, pero aliviaría el alto interés que pagan por sus colocaciones.
En total, el Tesoro ha autorizado catorce colocaciones territoriales. En febrero, se dio luz verde a ocho contando la catalana: Madrid (819 millones), Andalucía (500), Baleares (480), Galicia (400), Asturias (71), Canarias (45) y Extremadura (25). La segunda tanda vino en abril con la de Extremadura (54 millones), Asturias (26,5), País Vasco (82), Castilla y León (893), Canarias (52) y Cantabria (61 millones). En general, los montos son bajas y la reserva de las pensiones, que cuenta con más de 67.000 millones de euros podría ser un balón de oxígeno.
Las pensiones sólo en AAA
Hace cuatro años, la estrategia gestora del fondo primaba la seguridad en las inversiones. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, argumentaba que las deudas públicas en las que estaba invertida la hucha de las pensiones tenían máxima calificación.
Pero los problemas de liquidez del Gobierno alentaron a Granado a modificar su distribución, primando desde 2009 la deuda española sobre la francesa, la alemana y la holandesa, que había sido las preferentes hasta la fecha. Por supuesto, siguió escudándose en que la deuda española también sustentaba la triple 'A'. Actualmente, Moody's ha rebajado la calificación de bonos españoles un peldaño e incluso S&P la ha bajado dos escalones hasta la doble 'A'.
Aun así, el 90% del Fondo de Reserva está invertido en deuda española sobre todo a medio plazo, e incluso el 28,9% está a largo plazo en bonos a 10 años.
La deuda autonómica está en un escenario distinto. Cataluña y Comunidad Valenciana -esta última con 17.895 millones de deuda, el 17,4% de su PIB- soportan la peor calificación, según Moody's de 'A1'. Les sigue Madrid, Extremadura, Castilla y León y Murcia ('Aa2') y Castilla-La Mancha ('Aa3').
Moody's advierte de más rebajas de rating