Las competencias duplicadas cuestan 32.300 millones de euros cada año

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La España de las autonomías se ha convertido en un pozo sin fondo que amenaza la estabilidad de las cuentas públicas. Pese a ser uno de los países europeos más castigados por la crisis económica, el gasto de las Administraciones Públicas no tiene freno y el dinero se dilapida a lo largo y ancho de la piel de toro sin que nadie ponga remedio.

Con un presupuesto en conjunto de 175.000 millones de euros y una deuda del 10% del PIB -115.000 millones-, las 17 comunidades autónomas tienen a su cargo 1,8 millones de funcionarios, con un coste anual de más de 60.000 millones. Pero ni cortos ni perezosos siguen, por ejemplo, manteniendo casi 1.500 vehículos oficiales, inaugurando aeropuertos sin rutas y sin aviones y abriendo embajadas, pese a no tener competencias, por todo el mundo. Son ya 170 delegaciones, con un coste anual de casi 500 millones.

Y eso por no hablar de los ayuntamientos, que con compromisos financieros por valor de 35.000 millones, han tenido que renunciar ya a asumir nuevas competencias.

En plena crisis, España suma ya 3,1 millones de funcionarios, 26.119 empresas públicas autonómicas y municipales -entre ellas 118 cadenas de televisión, con un déficit de más de 1.500 millones tan sólo en el caso de las de carácter regional-, 5.000 coches oficiales, 40.000 teléfonos móviles... Suma y sigue.

Sobrecoste de 32.300 millones

La Fundación Progreso y Democracía, un organización vinculada a UPyD, ha elaborado un estudio sobre el actual sistema administrativo que cifra el sobrecoste derivado de las duplicidades y redundancias entre las Administraciones en cerca de 32.300 millones de euros entre ayuntamientos y comunidades autónomas.

El estudio realizado mide la eficiencia y la eficacia de autonomías y ayuntamientos en función del gasto de personal de cada comunidad autónoma y el Estado y los gastos de funcionamiento y externalización de servicios en relación con el total del presupuesto y con los resultados económicos que cada administración consigue en términos de incremento de PIB. La conclusión es que Cataluña y Valencia son las más gastadoras y, sin embargo, el incremento que logran en el PIB es menor, lo que las hace menos eficientes.

El autor del estudio, Ramón Marcos Allo, miembro del consejo de dirección del partido y nuevo diputado de la Asamblea de Madrid, explica que "el sobrecoste autonómico se eleva a 26.108 millones, a los que hay que sumar otros 6.211 millones por los municipios". Las Administraciones autonómicas tienen más de la mitad del personal público y gestionan el 35% del presupuesto. Las entidades locales, con un 23,8% del personal, gestionan el 15% del presupuesto.

Ser 'miniestados'

¿Y cuál es el problema? Según Marcos Allo, "motivadas por su voluntad de convertirse en miniestados, las autonomías se han dedicado a reproducir la estructura del Gobierno del Estado con múltiples consejeros y miles de cargos sin saber diferenciar entre su función de administración dirigida a prestar servicios, y la que tiene el Estado para planificar la política general del país".

Han surgido así tribunales de cuentas regionales, organismos de la competencia, defensores del pueblo autonómicos y decenas y decenas de empresas, fundaciones, organismos e instituciones con competencias duplicadas. Para él, la forma más eficiente de utilizar el dinero público sería unificar servicios y tener, por ejemplo, en lugar de 17 hospitales medio buenos en alguna especialidad, tener dos o tres buenísimos que sean una referencia.

Pero no sólo es eso. Se estima que en España existen más de 100.000 leyes y reglamentos en vigor, sin contar con las normas europeas, que con una ámbito potencial de aplicación de apenas 46 millones de habitantes, solo encarece aún más el sistema debido al enorme coste burocrático.

En la misma línea se pronuncia también Federico Castaño, autor del libro El Despilfarro, la sangría de la España autonómica. Según cuenta, en Andalucía, por ejemplo, el Ejecutivo regional ha vuelto a ocupar el Palacio de San Telmo después de haber invertido en su rehabilitación 50 millones, montante que incluye 38.000 euros en estores y 45.000 en la cocina.

Otro de los ejemplos que claman al cielo son los 144.000 euros que costó la cartelería para publicitar el Plan E en Logroño. Un coste que, en muchos casos, fue superior al de las propias obras que anunciaban. Según Castaño, "los ejemplos relacionados con Madrid son los que se llevan la palma" y cita los 72 millones que el consistorio que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha hipotecado para los próximos diez años para mantener unas ciberpapeleras que, equipadas con un chip, informan sobre si están llenas o vacías. El anterior contrato sumaba 23 millones para el mismo periodo. En definitiva, son dispendios que principalmente perjudican al ciudadano y a los servicios públicos que se le ofrecen.

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