El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado con los únicos votos a favor del PSOE y CC y la abstención de PP, CiU y PNV el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria hasta el 31 de julio. A partir de ese momento, se endurecerán las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.
Así, 167 diputados mostraron su apoyo, 158 se abstuvieron y 8 votaron en contra, entre estos últimos los de ERC-IU-ICV, UpyD y BNG. El texto se tramitará por la vía de urgencia y no como proyecto de ley, lo que retrasaría su aplicación por el trámite parlamentario.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, había pedido a los partidos que votaran a favor porque la actual coyuntura económica exige la regularización de esos trabajadores de forma "urgente" para recuperar la competitividad y la actividad económica.
En su opinión, su entrada en vigor servirá además para que se recuperen los niveles de protección de los trabajadores y es "inaplazable" para el equilibrio presupuestario, lo que permitirá un mejor crecimiento económico y la creación de empleo.
El plan tiene dos fases de actuación, de las que la primera dura hasta el 31 de julio y permite a los empresarios que, de forma voluntaria, regularicen a sus trabajadores irregulares con contratos que tengan una duración mínima de 6 meses. En este punto, Gómez insiste en que en ningún caso es una amnistía fiscal para los empresarios, puesto que la Inspección de Trabajo "seguirá actuando y sancionando"
La segunda fase comenzará el 1 de agosto y conllevará un fuerte incremento de las sanciones para los patronos que sigan teniendo plantillas en la economía sumergida.
En caso de incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la multa pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo que se contemplan actualmente, a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros a partir del 1 de agosto.
La enfermedad del "decretismo"
El portavoz del PP José Ignacio Echániz ha acusado al ministro de sufrir una nueva enfermedad, el "decretismo", de la que, en su opinión, la sintomatología se traduce en aprobar cada viernes un real decreto aunque no valga para nada, porque hay cinco millones de parados.
Echániz ha subrayado que la norma se ha "dibujado" en dos semanas para ver si "asustando" logran más afiliados, lo que en su opinión es una "gran chapuza" y refleja que el Gobierno es "incapaz" de tener un plan para crear empleo y para luchar contra el desempleo.
Desde CiU, su portavoz Carles Campuzano considera que hacen falta medidas más audaces que ataquen la economía sumergida, si bien admitió que algunas de las que contiene el real decreto-ley son positivas.
Campuzano ha reconocido que se trata de un debate complejo porque sin esa economía sumergida la situación de muchas empresas y trabajadores sería mucho peor, y ha añadido que es bastante escéptico sobre la posible eficacia del plan del Gobierno.
Emilio Olabarria, del PNV, ha demandado medidas más contundentes para luchar contra el empleo sumergido y ha criticado que el plan supone en realidad una amnistía.
La diputada de ERC-IU-ICV Nuria Buenaventura ha mostrado su oposición al decreto por entender que en realidad responde a las exigencias de la UE y porque no se ha podido debatir en profundidad en el Parlamento.
Dentro del Grupo Mixto, Rosa Díez de UPyD ha asegurado que el decreto es una amnistía parcial que penaliza a quien ha cumplido con sus obligaciones, mientras que por parte del BNG Olaia Fernández Davila ha afirmado que se trata de un decreto ineficaz que deja fuera a colectivos como las empleadas del hogar o los inmigrantes.
Mayores sanciones contra el empleo irregular
