El lituano Algirdas Semete, comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Antifraude, tiene previsto presentar el próximo miércoles 16 de marzo una propuesta de Directiva para armonizar el Impuesto sobre Sociedades en los 27 países de la UE.
Sus planes se limitan a armonizar la base imponible de este gravamen, pero el resultado en España podría ser una prometedora rebaja en el tipo impositivo.
Según un estudio de la consultora Ernst & Young, España estaría entre las grandes beneficiadas si los Veintisiete pactan tal armonización. El Producto Interior Bruto (PIB) español crecería alrededor de un 0,3 por ciento; el empleo aumentaría un 0,2 por ciento; las inversiones extranjeras subirían un 1,3 por ciento; y la recaudación sobre los beneficios empresariales se elevaría un 2,5 por ciento.
Sólo Francia obtendría mejores resultados, según las hipótesis y cálculos del citado informe, elaborado para el Ministerio de Finanzas de Irlanda, uno de los países que más tiene que perder con la reforma.
Siempre según este informe, el resultado sería tan beneficioso para España que incluso se podría permitir rebajar el tipo impositivo de este gravamen -actualmente en el 30 por ciento- al 23,6 o al 24,2 por ciento, lo que redundaría en un nuevo impulso económico.
Menos burocracia
La Comisión Europea presenta su proyecto como un intento de reducir la burocracia que sufren las empresas que, al operar en diferentes países de la UE, se enfrentan a legislaciones y fiscalidades tan arcanas como variopintas. La idea es armonizar la base imponible, es decir, aclarar los beneficios por los que las compañías deben tributar.
En la actualidad, los impuestos sobre sociedades son una maraña de deducciones, excepciones y exenciones en la que para las empresas puede ser muy complicado anticipar cuánto tendrán que pagar, sobre todo para las pymes que se atreven a internacionalizarse y tienen menos medios para recurrir a abogados y asesores fiscales.
Si el proyecto de Bruselas sale adelante, las empresas podrán elegir entre seguir en la situación actual -lo que probablemente prefieran las pymes que operan en un sólo país para no verse obligadas a adaptarse a un nuevo sistema-, o tributar en función de una nueva base imponible igual en todos los países europeos.
Las empresas que opten por la base imponible armonizada por operar en varios países podrán presentar una única declaración. A partir de esa declaración, las autoridades fiscales de los Estados en los que estén activas tendrán que determinar qué parte de la base imponible le corresponde a cada una.
Para repartir la base imponible se emplearán tres factores: en qué país están radicados los activos de la empresa; dónde están implantados sus trabajadores; y dónde realiza sus ventas.
Cuando las autoridades públicas de cada país involucrado se pongan de acuerdo en qué porción del pastel les corresponde, cada una será libre de aplicar el tipo impositivo que prefiera. El establecimiento de los tipos impositivos seguirá siendo una cuestión de soberanía nacional.
Ahora cuando, por ejemplo, una multinacional estadounidense decide operar en Europa, lo más probable es que se implante en Irlanda y la utilice como portaaviones desde el que hacer incursiones por todo el Viejo continente. Allí dispone de mano de obra que habla inglés como lengua materna, y sólo tiene que pagar un impuesto sobre sus beneficios del 12,5 por ciento, la mitad que la media del club comunitario.
Si cuaja la armonización tal y como la concibe Bruselas, la multinacional del ejemplo tendría que pagar una parte de su Impuesto sobre Sociedades en los países europeos en los que no está implantada, pero ofrece sus bienes o servicios.
De modo que se reducirían las fricciones de países como Francia y Alemania con otros como Irlanda. Los dos primeros acusan al tercero de competir deslealmente y robarles empresas que podrían haberse implantado en su territorio si Dublín no ofreciera un tipo impositivo a precios de saldo.
Una década de negociaciones
El proyecto de armonizar el Impuesto sobre Sociedades en la UE tiene ya a sus espaldas al menos una década de pulsos más o menos soterrados. Siempre se ha visto lastrado por la necesidad que comparten todos los acuerdos europeos sobre fiscalidad: deben alcanzarse por unanimidad, lo que equivale a decir que cada Estado se reserva el derecho de veto.
Ahora la intención es entrar en la recta final: una negociación formal entre los 27 Gobiernos del club, con una propuesta legislativa oficial sobre la mesa. La pretensión de Bruselas está apadrinada por la todopoderosa Alemania.
Entre las exigencias planteadas por Berlín para dar su consentimiento al refuerzo del fondo de rescate de países del euro al borde de la quiebra, figura armonizar este gravamen sobre los beneficios empresariales.
La fecha elegida por el Ejecutivo comunitario para desvelar su propuesta -el 16 de marzo- no es casual. El 24 y el 25 de ese mismo mes se reúnen en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE.
De esa cita debería salir un pacto en el que los países en dificultades acepten intensificar sus reformas económicas y sus ajustes presupuestarios y salariales, además de armonizar el impuesto de sociedades; y las capitales más solventes como Berlín, París, Austria, La Haya, Helsinki y Luxemburgo accedan a ofrecerles un mecanismo de auxilio mejorado.
España la gran beneficiada
