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El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadEl Pleno del Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana una moción de ERC que reclama reorientar la reestructuración del sistema financiero impulsada por el Gobierno para proteger a los clientes de créditos hipotecarios, de manera que se cambie la ley para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda baste para cancelar el préstamo y que el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) compre inmuebles a las cajas para destinarlas al alquiler de protección social.
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana una moción de ERC que reclama reorientar la reestructuración del sistema financiero impulsada por el Gobierno para proteger a los clientes de créditos hipotecarios, de manera que se cambie la ley para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda baste para cancelar el préstamo y que el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) compre inmuebles a las cajas para destinarlas al alquiler de protección social.
Esta iniciativa, consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles dirigió el portavoz republicano, Joan Ridao, a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, recoge varios de los puntos de una propuesta similar presentada por sus compañeros de grupo parlamentario, los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Nuria Buenaventura.
Así, la moción que se votará el martes reclama que las ayudas directas a las entidades financieras, sean cajas o bancos, deben vincularse al flujo de crédito, la reducción de remuneraciones de las entidades, el mantenimiento de los puestos de trabajo y proteger a las personas con créditos hipotecarios.
Además, pide la revisión de la Ley de Autonomía del Banco de España para modificar las competencias y funciones del organismo, con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero para poder alertar adecuadamente de los riesgos del sistema.
UN 8% PARA TODOS.
Pero también se hace eco de postulados de otras formaciones, como CiU que reclama que todas las entidades, sean cuales sean sus condiciones, se atengan a un mismo requisito de 'core capital' del 8%, sin que se produzca ninguna discriminación entre bancos y cajas de ahorro.
Por último, exige que se respeten las competencias de las comunidades en materia de control y regulación de las cajas, y que se garantice la permanencia de su obra social y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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