El Gobierno ya ha puesto fecha y plazos para acelerar las negociaciones de los partidos políticos y los agentes sociales. Aprobará la reforma del sistema de pensiones el próximo 28 de enero y la enviará de inmediato al Parlamento para su tramitación. Así lo ha confirmado hoy el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rebaja fiscal para pymes, el fin de los 426 euros y la venta de parte de AENA y Loterías: la otras medidas de Zapatero.
El Ejecutivo ha tenido que acelerar los plazos y ofrecer ya fechas concretas para una medida tan importante empujado por las circunstancias económicas y las grandes tensiones en los mercados, que demandan duras medidas de ajuste fiscal y reformas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó el pasado 18 de noviembre que el Gobierno llevaría al Congreso de los Diputados el proyecto de reforma del sistema de pensiones "antes de que termine el primer trimestre de 2011". Pero en aquel momento, la fecha que se barajaba era el mes de marzo.
Proceso de negociaciones
La aprobación de la reforma se producirá prácticamente un año después de que el Ejecutivo hiciera pública su propuesta de reforma de pensiones que fue enviada a la Comisión Parlamentaria sobre el Pacto de Toledo. Esta presentación se produjo el 29 de enero de este año.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, pidió hace sólo unas semanas a los diputados del Pacto de Toledo que acelerasen las negociaciones para acordar las recomendaciones sobre la reforma.
Una vez que estén listas estas recomendaciones, el Ejecutivo comenzará la negociación con los agentes sociales y, posteriormente, llevará la reforma al Consejo de Ministros el 28 de enero.
Las medidas sobre la mesa
Varias son las medidas que están encima de la mesa de las negociaciones del Pacto de Toledo. Una de las más importantes es la de retrasar dos años la edad legal de jubilación, que actualmente se sitúa en los 65 años.
Otras de las medidas que se plantean para hacer sostenible el sistema de pensiones es la de ampliar los años trabajados que se tienen en cuenta en el cómputo para el cálculo de la prestación a recibir, lo que previsiblemente provocaría un descenso de las mismas.
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