El Tribunal General de la UE ha desestimado en su totalidad, este viernes 12 de noviembre, el recurso de España contra la decisión de la Comisión Europea de penalizar su falta de controles sobre las ayudas agrícolas con la retirada de alrededor de 200 millones de euros.
La decisión de Bruselas, recién avalada por la Justicia comunitaria, fue adoptada en diciembre de 2007 y se debió a deficiencias detectadas durante las auditorías llevadas a cabo en el sector del aceite de oliva en 2002 y 2003.
En estas auditorías, el Ejecutivo comunitario constató que entre los años 1998 y 2001 los controles sobre el sector eran insuficientes e incluso extremadamente someros. El resultado fue una supresión de las ayudas por un valor total de 183.965.185,54 euros.
Por otra parte, durante las auditorías en el sector de los cultivos herbáceos realizadas en 2004, Bruselas constató que los controles realizados en Andalucía no siempre se basaban en informaciones de calidad suficiente para garantizar la detección de irregularidades en las solicitudes de ayudas.
Y aplicó una corrección financiera sobre las ayudas solicitadas en 2003 y 2004 en Andalucía para el sector de los cultivos herbáceos, por un importe total de 16.591.528,35 euros.
Bruselas ve irregularidades en la PAC