
Alargar la vida laboral, sí, porque lo manda Europa, ma non troppo. Ésa es la cuadratura del círculo que quiere conseguir el Gobierno para intentar cumplir con los "deberes" que le imponen desde Bruselas sin agravar, aun más, su pronunciado declive de credibilidad y en las encuestas.
Para ello, y como alternativa a la propuesta de prolongar la edad laboral hasta los 67 años, está decidido a plantear una propuesta que permita cumplir, de forma estricta y sin excepciones, la edad legal de jubilación actual, de 65 años, lo que supondría ampliar en casi dos años la edad real en la que los trabajadores se retiran, que actualmente es de 63 años como media, según el Ejecutivo, y que baja hasta los 62,6 años, según los últimos cálculos de la Comisión Europea.
Esta diferencia entre la edad legal y la edad real se explica por los períodos de tiempo que la regulación actual de las jubilaciones considera compatibles y que suponen una especie de prima que produce el efecto de tener pagados los años totales de cotización antes de llegar efectivamente a los 65 años.
La aplicación estricta de la jubilación legal será una de las principales propuestas que defenderá el Ejecutivo en el marco del Pacto de Toledo, según fuentes del Ministerio de Trabajo, y tendría un impacto sobre el déficit y los Presupuestos muy similar al de ampliar hasta 67 años la vida laboral.
Prejubilaciones
Una iniciativa que sería, en principio, complementaria a la medida estrella del documento que enviaron a la mesa de negociación con los grupos el pasado enero y en la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho especial hincapié en el Debate sobre el Estado de la Nación de la semana pasada: retrasar la vida laboral en dos años, hasta los 67, y hacerlo de forma progresiva en un periodo de 12 meses.
Porque, aunque en Moncloa se muestran convencidos de sumar los apoyos necesarios para sacar adelante esa propuesta cuando llegue el momento -como pronto, cuando se reanude el curso político, después del verano-, en Trabajo reconocen las complicaciones que conllevará alcanzar el consenso para alargar la vida laboral debido al desgaste político que los grupos ven difícil asumir en tanto que es una medida que supone una colisión directa, en otro frente más, con las centrales sindicales, y en vísperas de la huelga general.
En la recámara, el Gobierno se guarda además las excepciones que confirman toda regla. En este sentido, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defenderá en el Pacto de Toledo la exención de la norma general para algunas profesiones.
Otras de las cuestiones que el Gobierno está decidido a endurecer y, si es posible, eliminar en la reforma de las pensiones es la de las prejubilaciones.
En cuanto a los plazos, Zapatero insistió la semana pasada en el Congreso en que la reforma no es urgente, pero sí debe hacerse "ahora" para que así sea más gradual, progresiva, y más fácil de llevar a la práctica. El jefe del Ejecutivo defendió igualmente que su urgencia no responde a "ningún planteamiento del mercado", pero sí es cierto que Bruselas -y también Alemania, a título individual- ha presionado.
Periodo de cotización
Otra de las alternativas que el Gobierno tiene sobre la mesa es alargar hasta 40 años el periodo de cotización para tener derecho a la pensión máxima.
Se trataría de aplicar en España el modelo francés que consiste en regular la jubilación mediante los años de carrera profesional y no a través de la edad física. De esta forma, un trabajador podría jubilarse incluso antes de llegar a los 65 años siempre que tuviera 40 años efectivamente cotizados. Esta fórmula, que en Francia tiene un funcionamiento muy positivo, encuentra problemas de aplicación en España debido a las peculiaridades de nuestro mercado laboral, con el paro juvenil más elevado de la OCDE.
"Como las nuevas generaciones tardan cada vez más en incorporarse al mercado laboral, muchos de los jóvenes actuales tendrían muchas dificultades para cumplir el periodo exigible de cotización antes de llegar a los setenta", afirman fuentes próximas al Ejecutivo, aunque la fórmula no está descartada.
Bruselas también ha calculado que si en España se obligara a trabajar 40 años para acceder a la jubilación, las pensiones aumentarían alrededor de un 3% en 2046, mientras que se reducirían un 10% si se trabajara solamente 38 años.