El supervisor aplicará un tratamiento diferente a cada entidad en función de su estatus y su modelo de negocio.
El Banco de España premiará a las cajas que dejen su estatus actual y avancen hacia una bancarización de su régimen jurídico, sea cual sea el modelo que elijan cuando se apruebe definitivamente la reforma de la ley en el Congreso dentro de dos semanas.
El real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, tras haber sido consensuada con el PP y el sector, incluirá la potestad del supervisor para que, una vez se aprueben las nuevas exigencias de liquidez y solvencia a nivel internacional en el marco de Basilea III, aplique un tratamiento distinto a las entidades en función de su actividad y su régimen. Así lo explicó ayer la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado, que no dio más detalles sobre este asunto.
Fuentes del sector consultadas por este periódico indican que esta prerrogativa es una presión para que las cajas caminen hacia un perfil más parecido a los bancos y estén preparados para poder captar capital de primera calidad de manera rápida en cualquier momento y, especialmente, en situaciones de recesión económica o crisis tan brutales como la actual. Aunque desconocen en qué se basará la discriminación de trato, sostienen que el espíritu de la misma no es otra que aplicar una supervisión más laxa en aquellas entidades que estén presentes en el mercado, ya sea a través de las cuotas participativas o a través de filiales bancarias.
Privatización parcial
La reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca), que la vicepresidenta calificó al igual que Zapatero como la "más importante de la historia", permitirá a estas entidades a emitir hasta un 50 por ciento de su patrimonio cuotas con o sin derechos de voto. De esta manera, se preserva el control de la institución por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos. Si la caja sobrepasa ese umbral, automáticamente se convierte en fundación al perder la ficha bancaria y negocio se adjudica. En la práctica es similar a una intervención.
Los cambios también facilitan la creación de bancos por parte de las cajas. Éstas traspasarían la actividad financiera a una sociedad anónima, que controlarían en al menos un 50 por ciento del capital. El resto estarían en manos de inversores privados. Para el objetivo de que las Comunidades Autónomas se garanticen el control indirecto del grupo bancario, la nueva normativa recoge que una vez vendido más del 50 por ciento del capital, la caja se convierte en fundación y pierde la ficha bancaria.
Esta regulación también se establecerá para los Sistemas Integrales de Protección (SIP), que buena parte de las entidades de ahorros han elegido para el proceso de reestructuración. Bajo esta fórmula, las cajas centralizan en una unidad central, con régimen jurídico de sociedad anónima, como mínimo el 40 por ciento del negocio y mantienen su independencia operativa en los zonas que no sean de origen.
La reforma es el segundo paso en la transformación de las cajas y su objetivo, además de la profesionalización, es la adaptación al escenario que se avecina.
En noviembre el Comité de Basilea y el G20 aprobarán, previsiblemente, los nuevos requisitos de capital para todos los grupos financieros. La aplicación de estas exigencias, que serán mayores, será gradual y no estarán vigentes hasta 2012. Salgado aseguró que la modificación de la norma "fortalecerá aún más" el sistema financiero español. Y reiteró que la próxima publicación del test de estrés demostrará su solvencia.
Tres modelos distintos
