La deuda española ha atravesado un momento agudo de vigilancia intensiva que no debemos considerar superado. Por primera vez, en 2010, España incumplirá los requisitos de austeridad establecidos en el Tratado de Maastricht.
En las actuales circunstancias, el colapso griego ha provocado que el mundo vuelva la vista hacia España, como otro país de esa Europa a dos velocidades, susceptible de padecer un fallo sistémico provocado por el estallido en la burbuja de deuda.
¿Temores justificados?
Pero, ¿están plenamente justificados los temores? Los presupuestos generales del Estado de 2010 anticiparon un incremento de la ratio de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas hasta colocarse en el 62,5% del PIB. De hecho, la deuda acabó el pasado año en el 53,2% (559.650 millones de euros) y se prevé un incremento de casi diez puntos en doce meses.
Sin duda, sigue estando muy por debajo de la media europea, pero hay algunas características de ésta -como el rápido crecimiento, los vencimientos o la propia estructura territorial de España- que convierten su control en un asunto nada baladí.
Un aspecto relevante que merece atención es la incidencia de las actuaciones de los diferentes niveles administrativos en esa deuda. Hace un par de semanas Foment del Treball Nacional presentó el estudio La Metástasis del INI, elaborado por María Gómez Agustín, que ofrece un repaso realista de la problemática casi estructural de la política de gasto y deuda en España.
Distribución de la deuda
Como destaca el estudio, en las últimas décadas, nuestro país ha seguido un rápido y profundo proceso de descentralización. Ese traspaso competencial, sin embargo, no ha tenido su reflejo en el adelgazamiento de la Administración Central.
El ritmo de crecimiento del sector público, local y autonómico ha sido muy superior al ritmo de adelgazamiento central. En valores absolutos, el aumento del endeudamiento estatal ha sido de un 27,6% en 15 años, lo que supone una tasa de crecimiento anual acumulada del 1,8%, frente al 7,2% de las administraciones territoriales. La participación del endeudamiento de las administraciones periféricas en el PIB ha pasado de ser un 2,7% en 1988 a un 11,2% en 2009. A su vez, el Estado casi multiplicó por cuatro su endeudamiento, pese al traspaso de competencias. Y, todo esto, atravesando el ciclo expansivo más largo en décadas.
Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la deuda. El endeudamiento de las administraciones territoriales, no sólo ha crecido más, también es mas caro que el central. Dicho de otra forma, los mercados confían bastante menos en la solvencia autonómica y local, en su disciplina presupuestaria.
Esta menor confianza tiene su origen en el tradicional desinterés de los distintos gobiernos, ahuyentados por la presión de los grupos políticos regionales presentes en la Cámara Baja, para determinar cuáles son las competencias económico-financieras de cada administración. Competencias que, según la Constitución, pueden seguir ampliándose en favor de la comunidades autónomas. A esto se suma la proautonómica jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Y, además, va con truco
Pero si la deuda oficial preocupa, aún más debería hacerlo si consideramos todos aquellos mecanismos que las administraciones periféricas utilizan para dejar atrás las restricciones en materia de deuda, al no ser contabilizados: avales, contratos de leasing, peaje en sombra y, por supuesto, la creación de sociedades mercantiles y participación en empresas tanto públicas como privadas. En total, la deuda oculta de las empresas publicas alcanza el 4,5% del PIB.
La actual normativa establece como empresas públicas aquellas que están participadas mayoritariamente por la Comunidad Autónoma o tiene el control efectivo de sus órganos de gobierno, y que no está orientada al mercado (esto es que sus ingresos por ventas no cubran el 50% de sus gastos de explotación). Así, a partir de 2000 en que se aplica el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), se incorporó a las cuentas públicas parte del sector empresarial. No obstante, quedaron fuera empresas que, aun con presencia notable de las administraciones, no se contabilizan.
Si atendemos a las empresas públicas adscritas al Estado central, y que responden a ese perfil extraoficial, su endeudamiento ha pasado de representar el 3,1% del endeudamiento total en 2005 a ser el 6,1% en 2009. Su peso en el PIB también ha alcanzado el 2,3% del PIB, rompiendo así la tendencia obtenida con los procesos de privatización y que logró arrastrar este indicador, en 2004, al 1,1% del PIB. A fecha de 31 de diciembre de 2009, había 737 entes (empresas, fundaciones o consorcios) fuera de control.
Por parte de las empresas autonómicas, esa trayectoria ascendente es mucho más notable. Su deuda supone casi el 18% del endeudamiento total de las comunidades autónomas, en el caso de las corporaciones locales este porcentaje escala hasta el 19%.
Para poder hacernos una idea de lo que, en términos económicos, supone este volumen de deuda oculta, si lo incluyéramos en el presupuesto, el endeudamiento de la Administración central crecería un 6,1%; un 18%, para las comunidades autónomas; y un 22%, para las corporaciones locales.
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Deuda pública: Subida vertiginosa en 2009
