Otra bomba en Palomares: 5.000 viviendas junto a zonas radioactivas

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Las constructoras han empezado a mover tierras en las zonas expropiadas y valladas por elGobierno ante los niveles radioactivos. Foto: Archivo

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"Se vende bonito piso en primera línea de playa. Piscina, garaje, zonas ajardinadas. Y a tan sólo unos minutos andando de un paraíso radioactivo". Éste puede ser el anuncio con el que podrían promocionar las nuevas urbanizaciones que dos pueblos, Cuevas de Almanzora y Vera, quieren construir en Palomares, la pequeña pedanía del levante almeriense donde en los años sesenta cayeron cuatro bombas nucleares.

¿Qué importa la radioactividad si se trata de una de las pocas zonas vírgenes que todavía quedan en la costa mediterránea?. En los próximos años se construirán más de 5.000 viviendas, un campo de golf y, al menos, un hotel de lujo.

Y todo, en el límite de una zona radioactiva de más de nueve hectáreas, expropiada y vallada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y entre contadores Geiger para medir la contaminación de la zona. Aunque los planes urbanísticos deben ser aprobados todavía por la Junta de Andalucía, basta acercarse al pueblo para observar cómo las grúas se acercan de forma peligrosa hacia las vallas y, lo que es peor, hacia la incertidumbre.

El mayor problema, según explica Martín Berber, de Ecologistas en Acción, es que "pese a que se había recomendado no hacerlo, se están removiendo tierras muy cerca de las zonas acotadas".

Riesgos

Juan José Pérez, alcalde de la pedanía de Palomares y concejal de Urbanismo de Cuevas de Almanzora, reconoce que "hay radioactividad", pero insiste en que "no es peligrosa para la salud". Defiende el plan, aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento, porque "el turismo y la construcción son las únicas vías de crecimiento que tenemos".

Frente a él, varias asociaciones ciudadanas están intentando paralizar el proyecto urbanístico y algunas, como Salvemos Mojácar, ultiman incluso la presentación de una denuncia ante el Parlamento Europeo.

"Es triste que los intereses urbanísticos primen sobre la salud", asegura Jaime del Val, presidente de esta organización, que demanda, además, que se extienda la zona acotada en la actualidad. "Según los informes del CSN se debería expropiar un área 30 veces mayor", insiste.

Bombas más potentes que las de Hiroshima

El origen del problema se remonta a un lunes, el 17 de enero de 1966. Eran las 10 y 22 minutos de la mañana cuando un estruendo sembró el pánico en el pueblo. Un B-52 de las fuerzas aéreas de EEUU colisionaba a 30.000 pies de altura con un avión nodriza mientras realiza una maniobra de repostaje.

La historia hubiera quedado en un susto si no hubiera sido porque el avión militar llevaba en su bodega cuatro bombas termonucleares B28, de 1,5 megatones, -75 veces más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki-. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra y otra en el mar, y fueron recuperadas.

Pero otras dos impactaron en el suelo, cerca de las casas, y los explosivos convencionales detonaron, esparciendo unos 20 kilogramos de plutonio altamente radiactivo por los alrededores.

Mayor riesgo desde 2001

El Ciemat, el organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cienca que se ha encargado en los últimos 40 años de la vigilancia de la zona, alertó en 2001 de un incremento del riesgo para las personas debido a los cambios que se estaban realizando en el uso del suelo.

El Consejo de Seguridad Nuclear intervino y se inició un constante ir y venir de informes sobre la posibilidad de utilizar los terrenos. Pero lejos de frenar la actividad, en 2004 el Ciemat volvió a detectar en la zona actividades agrícolas y de construcción que afectaban a dos de las zonas más comprometidas.

El CSN comprobó, por ejemplo, que además de cultivar lechugas y sandías, que fueron inmediatamente incineradas, se habían habilitado varias viviendas en un edificio cercano al impacto de las bombas.

Acuerdo con EEUU

En septiembre de 2005, apenas unos meses después de que el Ciemat volviera a detectar un incremento de la radioactividad, en este caso en los caracoles de la zona, la institución y el Departamento de Energía de EEUU firmaron un acuerdo para la limpieza de Palomares que podría costar del orden de 12 millones de euros.

Fruto del aquel convenio, desde el pasado marzo y hasta julio, se está realizando un estudio de vigilancia radiológica en los terrenos afectados, aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta el año que viene.

Será entonces cuando el Ciemat estudiará las opciones de recuperar el terreno. Entre los proyectos que se barajan para la zona, según ha podido saber este diario, figura la instalación de un centro de investigación.

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