Las hemerotecas dejan sin coartada al presidente José Luis Rodríguez Zapatero: no reaccionó ante las alarmas sobre el deterioro económico e, incluso, se permitió desautorizar las previsiones de instituciones internacionales como la Comisión Europea, argumentando que sembraban la inquietud y que en el pasado se habían equivocado con frecuencia.
Claro que desde Bruselas se han ido encargando de contestar con cifras y argumentos todas y cada una de las alegrías del jefe de Ejecutivo español. Y el encargado de hacerlo ha sido siempre el mismo: el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Joaquín Almunia. Un compañero de partido, que fuera el ministro más joven de la democracia y al que Felipe González le encargó la cartera de Trabajo en los difíciles momentos de una reconversión industrial que supo capear con temple y con acierto.
Pero, además, Almunia es también el hombre al que relevó José Luis Rodríguez Zapatero, al frente de los socialistas españoles, tras el fracaso electoral del año 2000 - el de la mayoría absoluta de Aznar-, y al que el zapaterismo triunfante en el Congreso arrinconó en la Fundación Alternativas, junto a otros fieles barones felipistas.
Un ostracismo del que se le rescató, en consenso con el Partido Popular, para enviarle al retiro dorado de la Comisión Europea. Pero Almunia, que a su capacidad de gestión, integridad y honestidad con la institución que representa, une también una extraordinaria visión política, ha aprovechado su atalaya de Bruselas para denunciar las debilidades y carencias de una política económica inspirada por Rodríguez Zapatero que ni supo prever la crisis económica ni se ha ajustado a la lógica comunitaria.
¿Venganza o realismo económico y sentido del deber? Más bien lo segundo que lo primero, pero en cualquier caso, desde su llegada a la CE Almunia no ha dejado de advertir, criticar y corregir las decisiones de Madrid, especialmente tras la salida del Gobierno de su amigo Pedro Solbes.
Mayo de 2006:
Almunia avistó "nubarrones negros" en el horizonte. "La situación de España no es preocupante. Pero no es eterna y requiere ajustes estructurales", aseguró, indicando que si bien España estaba a la cabeza europea en los indicadores de crecimiento económico, creación de empleo, inversiones y equilibrio de las cuentas públicas, seguía perdiendo puestos en los ranking del déficit exterior, inflación y competitividad.
Marzo de 2007:
Almunia calificó a España de "buen ejemplo" por sus superávits encadenados. Sólo Finlandia y Dinamarca merecieron idéntica distinción. Pero el Ejecutivo comunitario puntualizó que "teniendo en cuenta el incremento previsto de los gastos por el envejecimiento de la población (pago de pensiones y atención sanitaria), España debía seguir mejorando la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas".
Noviembre de 2008:
Almunia aún aseguraba que España tenía margen presupuestario para poner en marcha sus planes de estímulo de la actividad económica e intentar evitar que la recesión degenerara en una larga depresión. Siempre que fuera una actuación temporal que concentrara los esfuerzos donde se necesitaran y que tuviera efectos a corto plazo. Pero ese mismo mes, Bruselas vaticinó que España se enfrentaba a nueve meses de recesión y dos años de estancamiento.
Febrero de 2009:
Bruselas expedientó a España por su déficit público desbocado en 2008, un año de promesas electorales, pero en el que aún no se había llegado al epicentro de la recesión. Bruselas acusó al Gobierno español de pecar de optimismo en sus previsiones y de falta de iniciativas claras para reconducir la situación. Y volvió a reclamar una reforma en pensiones y sanidad para contener el gasto. Standard&Poors acababa de rebajar la nota a la deuda española de la triple A a AA+. La Comisión Europea publicó que la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a largo plazo presentaba un "riesgo alto". Bruselas concedió a España seis meses para presentar un plan con medidas concretas y eficaces para rebajar el déficit, con el objetivo de dejarlo por debajo del 3 por ciento del PIB en 2011.
Abril 2009:
En pleno pulso entre el Banco de España y el Gobierno sobre la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema público español de pensiones, Bruselas presentó un informe con el año 2060 como horizonte y en el que España figura entre los países donde más se disparará el gasto público y donde son urgentes las reformas de las pensiones y de la sanidad.
Noviembre de 2009:
Almunia detecta que el deterioro de las cuentas públicas es mayor de lo esperado a principios de año. Retrasó hasta 2013 el plazo para que España y otros países colocaran sus déficits por debajo del 3 por ciento de sus respectivos PIB. Una vez más, apretó para que Zapatero se embarcara en un amplio abanico de reformas para reducir los crecientes costes de las pensiones y la sanidad en una sociedad cada vez más vieja; y para aumentar la eficacia del gasto público. También reclamó reformas del mercado laboral para "evitar los muy elevados niveles de paro", además de "garantizar la aplicación efectiva de las reformas de la educación y mejorar la competencia en los mercados de bienes y en los servicios".
"Problemas comunes" con Grecia y Portugal
