¿Sólo una confusión? El Gobierno envió hoy a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, y en ella constaban simulaciones en las que se ampliaba a veinticinco años el periodo de cotización que se considera para calcular las pensiones. Después de que la noticia corriera como la pólvora, el Ejecutivo ha suprimido las partes 'conflictivas' del documento aunque asegura que en ningún caso eran propuestas. Los autónomos ya no podrán elegir: cotizarán según sus ingresos netos.
Así, en una nota de prensa, Economía precisa que el Gobierno "no ha propuesto ampliar" en diez años el cómputo de las pensiones de jubilación y asegura que se trataba de una "simulación" que ha podido interpretarse como una propuesta concreta. Por ello, añade, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea.
El Departamento dirigido por Elena Salgado también ha retirado del documento la alusión que hacía al ahorro que supondría aumentar dos años el periodo mínimo de años cotizados para tener derecho al cobro de una pensión.
En concreto, el párrafo eliminado decía lo siguiente: "Por lo tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (edad legal de jubilación y número mínimo de años cotizados para obtener una pensión) y si, además, se aumentara en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB a partir de 2030".
En el documento se mantienen los cálculos del Gobierno acerca de lo que implicaría retrasar la edad legal de jubilación (un punto del PIB por cada año de retraso) y precisa que "cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional" de dos décimas.
Los temas iniciales
En el primer texto para la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 remitido a la Comisión Europea el Gobierno baraja elevar en diez años, hasta los veinticinco, el periodo de cotización que se considera para calcular las pensiones.
Formalmente, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura como tal en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad que presentó el pasado viernes el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este tema.
En esa propuesta del Gobierno, se planteaba retrasar dos años la edad legal de jubilación, que actualmente se sitúa en los 65. Al mismo tiempo, el Ejecutivo planteaba alargar el periodo de la vida laboral que computa en el cálculo de la pensión de los 15 a los 20 últimos años.
Resultados de las medidas
En el programa de estabilidad 2009-2013 inicialmente remitido a Bruselas, el Gobierno español calculaba que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB.
Pero, además, explicaba en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece, a priori, favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
Por tanto, dicía el Ejecutivo, si a lo largo de la década de 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, "el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB" a partir de 2030.
Sostenibiliadd "garantizada"
Además de estos dos puntos, Moncloa se compromete en el documento remitido a Bruselas a culminar el proceso de integración de los regímenes, así como a abordar una política más eficaz de ayudas familiares, una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de Seguridad Social.
También garantiza que trasladará al Pacto de Toledo está la de que haya una mayor relación entre cotización y prestación, así como más transparencia en los procesos de cotización.
El Gobierno considera que con la reforma de las pensiones, unida al resto de medidas que se detallan en el documento y a la estrategia de salida de la crisis, "la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece plenamente garantizada".
Jubilación a los 67... menos para los políticos
