La reforma de las pensiones pretende garantizar la viabilidad del sistema de reparto a largo plazo. Para ello, el Gobierno no sólo propone retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, sino que incluye una serie de pequeñas modificaciones para incrementar los ingresos de las cuentas de la Seguridad Social.
El documento presentado por el Ministerio de Trabajo al Consejo de Ministros plantea acelerar la entrada de los jóvenes como cotizantes al sistema. Con este objetivo, el Ejecutivo propone que los becarios de postgrado coticen a la Seguridad Social, al igual que las empleadas del hogar.
Actualmente, los jóvenes estudiantes que realizan un postgrado y desarrollan prácticas empresariales en una empresa no suponen ningún coste para el empresario en materia de cotizaciones sociales, ni tampoco acumulan derechos en la Seguridad Social.
Lo mismo sucede con las empleadas del hogar. Siempre que las asistentas con más de un empleador no realicen más de 72 horas mensuales, durante al menos doce días al mes, no existe la obligación de que sean contratadas y, por tanto, están exentas de pagar cualquier tipo de cotización a la Seguridad Social. En caso de tener un solo empleador, la asistenta no debe pagar cotización hasta las 80 horas mensuales.
Esta modificación, una vez sea consensuada en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y más tarde aprobada por el Ejecutivo, supondría el incremento del número de afiliados en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar. Al cierre de 2009, el sistema de la Seguridad Social registraba 289.456 afiliados en este régimen, 3.139 ocupados más que hace doce meses.
Contingencias profesionales
Otras concreciones que realiza el documento elaborado por el Ejecutivo y al que ha tenido acceso elEconomista se centran en modificar las cotizaciones correspondientes a las contingencias comunes. Por un lado, el Gobierno ve necesario culminar con la separación de fuentes de ingresos al sistema en este ámbito. Así, las cuotas sociales no financiarían de manera conjunta la parte de la asistencia sanitaria al accidente de trabajo y la enfermedad profesional que prestan las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Además, se recomienda revisar las tarifas de cotizaciones que abonan las empresas para incrementar la diferencia entre la más reducida, que afecta a los sectores donde se registra una menor siniestralidad, y la más alta, que abonan los sectores que entrañan mayor riesgos.
Jubilación anticipada y ERE
El documento establece una serie de propuestas para limitar la jubilación anticipada y así dificultar la salida del mercado laboral antes de la edad legal de jubilación. Por un lado, el Ejecutivo propone incrementar la edad legal mínima de jubilación, que se sitúa actualmente en los 52 años, la que se utiliza para las prejubilaciones.
Asimismo se limitarán las reducciones de plantilla en las empresas que registren beneficios, es decir, tan sólo se podrán aplicar Expedientes de Regulación de Empleo en las empresas que declaren causas económicas. Esto supone deshacer la reforma realizada en 1995, en la que se añadía entre las causas para justificar un ERE motivos organizativos, técnicos y de producción.
El documento también contempla la flexibilización de la jornada laboral y la movilidad interna en la empresa durante el último tramo de la vida laboral para combatir la incapacidad temporal o la búsqueda de la jubilación anticipada.
Por otro lado, las bonificaciones de las cuotas sociales dedicadas al mantenimiento en actividad de los trabajadores mayores de 59 años con antigüedad en su puesto de trabajo pasarán a ser abonadas por las cuentas de la Seguridad Social y no por los Servicios Públicos Estatales de Empleo, como actualmente ocurre.
El Gobierno obligará a jubilarse a los 67 años
