Barroso se comprometió a elaborar el nuevo texto a partir de una memoria "de impacto social" que estudie cada país.
La Unión Europea empezará el próximo 1 de diciembre una nueva etapa, una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa y se forme el nuevo colegio de comisarios -incluidas las nuevas figuras comunitarias que recoge el texto como son el presidente del Consejo y el nuevo alto representante para la política exterior-. La asignatura pendiente desde el punto de vista laboral será clara: retomar las negociaciones sobre la directiva que regula el tiempo de trabajo en el marco de los Veintisiete países.
Esta norma, conocida popularmente como la jornada de 48 horas, estaba previsto que fuera parte del pleno de la Comisión de Empleo del próximo miércoles 11 de noviembre, tal y como había apuntado el propio comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, el checo Vladimir Spidla. Sin embargo, la reanudación del debate no tiene todavía fecha prevista teniendo en cuenta que Bruselas está paralizada hasta principios del mes que viene ante su nueva etapa. "Se retrasará al menos tres semanas", apuntan fuentes comunitarias.
A partir de ahí, las negociaciones se presuponen "duras y podrían llegar a durar años", tal y como apunta el eurodiputado socialista Alejandro Cercas al recordar que los anteriores trámites legislativos para pactar una modificación de la actual directiva se prolongaron cinco años sin llegar a un acuerdo.
El pasado abril, el Parlamento Europeo y los Gobiernos de los 27 países dieron carpetazo a una reforma de la directiva que proponía limitar -de manera explícita- hasta las 65 horas la semana laboral máxima, y mantenía en las actuales 48 horas la regla general. No salió adelante, lo que llevó a una prórroga del actual texto cuya regla general establece un máximo de 48 horas semanales. Una regla no sin excepciones, ya que los países pueden aplicar lo que se conoce como opt-outs, que pueden llegar a alargar las jornadas semanales hasta las 78 horas en algunos casos.
Posiciones de partida
Los socialistas confían en que el nuevo texto que se empiece a elaborar -la Comisión Europea podría proponer su propio documento si no llegara a un acuerdo con patronal y sindicatos en el marco del diálogo social- venga precedido de una garantía previa que, apuntan, prometió el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, como punto fuerte para ser reelegido en el cargo. Se trataría de "una memoria de impacto social" que recoja dos variables clave como la salud laboral y la conciliación con la vida personal que estudie las circunstancias particulares de cada país miembro para, a partir de ahí, elaborar un texto que después negociar.
"Las prisas de Spidla han pasado al refrigerador y, si las cosas se quieren hacer bien esta vez hay que contar con todos los interlocutores", apunta Cercas. Los socialistas españoles afrontan la nueva etapa defendiendo un máximo de 48 horas sin excepción, con una atención especial a las horas de guardia del colectivo médico. "Lo que nos interesa es el avance en los derechos de los trabajadores, no un retroceso", concluye Cercas, que llevó la voz cantante contra la directiva de las 65 horas.
En las filas populares denuncian que los socialistas les situaron en el anterior debate como favorables a la supresión de los topes de la jornada laboral, cuando quedó demostrado, tanto en las votaciones de Madrid como de Bruselas, que esto no era cierto, subrayan fuentes populares. Estas mismas fuentes recuerdan que hoy, "todo está por empezar", pero que no hay que olvidar que, en España, son los convenios colectivos los que deben adecuar las características de los sectores a un marco legal adecuado.