El Gobierno y el PSOE están decididos a cumplir su promesa de penalizar fiscalmente a las rentas más altas y no se descarta la posibilidad de crear una nueva figura tributaria para gravar a las grandes fortunas, siguiendo el modelo del impuesto francés. Los inspectores proponen recaudar 100.000 millones con un plan antifraude.
Lo necesitan para recuperar la imagen y el crédito perdidos por la subida del IVA, que castiga más a las rentas medias y bajas y les viene bien para conseguir esos 15.000 millones adicionales de recaudación que necesitan y, sobre todo, les resulta imprescindible para conseguir el máximo respaldo parlamentario a unos Presupuestos Generales del Estado que ayer recibieron ya dos enmiendas a la totalidad -las de Convergencia i Unió y Rosa Díez-, a la que se unirán, probablemente hoy, las del PP y de Esquerra Republicana.
Impuesto solidario
Miembros del Grupo Socialista confirmaban la impresión avanzada el miércoles por este periódico de que "las sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) no se tocan". Al final, parece que la opinión de Economía y del Gobierno se ha impuesto sobre los criterio más oportunistas del partido y ahora se están barajando dos opciones: subir el tipo marginal del IRPF, el 43% que se aplica a las rentas más altas, en hasta cinco puntos; o incrementar los tramos de tributación para las rentas del capital, de forma que las grandes fortunas tributen por encima del 21% que el proyecto del Gobierno ha fijado para las plusvalías superiores a 6.000 euros.
A estas opciones se une ahora la avanzada por Convergencia i Unió, consistente en crear un nuevo impuesto que grave únicamente a las grandes fortunas, que sí penalizaría a los más ricos y no a las clases medias, como hace, en palabras de su portavoz, Durán i Lleida, la reforma presentada por el Gobierno en la ley presupuestaria.
Se trataría de importar el modelo francés del Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), instaurado en 1982 por el primer Gobierno del socialista François Mitterrand y que grava a las personas físicas con un patrimonio superior a 790.000 euros. Los tipos que se aplican van desde el 0,55 hasta el 1,88% y en el país vecino afecta a 16.000 contribuyentes.
Los detractores del impuesto argumentan que no aporta mucho a las arcas del Estado, ya que en 2007 se recaudaron 4.100 millones, pero su supresión por Jacques Chirac en 1987 le costó perder las elecciones presidenciales un año después.
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