El desempleo es uno de los problemas que más preocupa al Gobierno. Por ello, estudia e intenta poner en marcha una medida para recortar el número de parados. En este caso, el Ejecutivo quiere que las empresas que realizan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) contraten una agencia privada de colocación (similar a las ETT, pero que pueden realizar también contratos indefinidos) para que busquen un nuevo empleo a los trabajadores despedidos.
Es obvio que los Servicios Públicos de Empleo (SPE) no funcionan. Tan sólo encuentran trabajo al 2% de los parados, y eso teniendo en cuenta que el desempleado está obligado a aceptar el tercer empleo que le ofrece el antiguo Inem. En cambio, las agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal realizan el 13,9% del total de recolocaciones que se hacen. El éxito del sector privado es elemental para realizar un plan de recolocación específico y rápido, como el de un ERE, en el que se expulsa del mercado laboral a un gran número de personas, localizadas normalmente en una misma región.
La empresa paga
La medida que defiende el Gobierno implica que los costes sean asumidos por la empresa, que se encuentra claramente influida por la crisis económica en estos momentos, ya que ha recurrido al ajuste de plantilla. En ese caso, será la empresa afectada la que se haga cargo de contratar y de pagar a la agencia de colocación, si quiere que la Autoridad laboral apruebe finalmente el ERE.
La iniciativa surgió de la Oficina Económica de Moncloa, que capitanea, actualmente, el diálogo social (la negociación con los empresarios y los sindicatos para acordar medidas económicas y laborales), según afirman fuentes de la negociación.
Ante la histórica exigencia de la patronal de empresarios CEOE de permitir que las empresas privadas de colocación colaboren con los servicios públicos de empleo para gestionar la búsqueda de empleo de los parados, el Gobierno aprovechó para introducir esta medida. La actuación que quiere seguir Trabajo, según estas fuentes, es modificar el Estatuto de los Trabajadores (normativa laboral) para introducir como requisito en un ERE la contratación de la agencia privada de búsqueda de empleo.
Pero la diferencia con lo propuesto por CEOE es sustancial. La organización de los empresarios solicitaba que el Ministerio de Trabajo asumiera los costes del sector privado. Estos costes se estimarían por un sistema de comisiones ligado a las recolocaciones. Nada que ver con que la empresa pague el coste de la agencia de empleo.
Con todos estos matices, aunque la medida se esté negociando en las mesas de diálogo social, según informaron a elEconomista fuentes inmersas en el proceso, la CEOE rechaza los actuales términos. Tan sólo los aceptaría si el coste de la agencia privada de empleo fuera asumido por el Estado, según las fuentes citadas.
En estos momentos, la negociación se encuentra en determinar el coste. Las mismas fuentes explicaron que, exactamente, se está debatiendo quién y en qué proporción asumiría los gastos del proceso.
Los empresarios, en estos momentos, cargan con el desembolso de la recolocación de los despedidos en un ERE. Aunque, en la práctica, los planes que se diseñan son muchos más moldeables, más baratos que una agencia privada de empleo y en la mayoría de los casos no se llegan a incluir en el expediente. Por lo que, según apuntan fuentes de la negociación, es posible que los empresarios acepten parte del gasto, pero "no todo".
Los sindicatos, dispuestos
Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) , que se encuentran en las negociaciones del diálogo social, no rechazan la propuesta "siempre que el coste sea asumido por la compañía" y se realice en "empresas de al menos 50 trabajadores", según afirmó la responsable de Empleo de Comisiones Obreras, Paloma López. Los despedidos de expedientes más pequeños tendrán que acudir a los servicios públicos para buscar empleo.
Este paso no implica que "las agencias de empleo vayan a colaborar con el SPEE", añadió la responsable. Por ahora, aunque los sindicatos han aceptado la colaboración de las empresas privadas en los planes sociales de los ERE, incluso han cedido para que las ETT trabajen en la Administración Pública, mantienen su rechazo ante la "privatización del SPEE", según lo denominan los propios sindicatos.