Es el segundo documento que envía el Gobierno a los sindicatos y a la patronal con las líneas básicas de la negociación y con el objetivo de acelerar el acuerdo, previsto para el mes de julio, y que se encontraba totalmente estancado, según señalaron a elEconomista fuentes de la negociación.
El tema estrella, que venderá orgulloso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando anuncie las nuevas medidas, es la ampliación de la prestación por desempleo durante seis meses más. Según el acuerdo remitido por el Ejecutivo el pasado jueves, la ampliación de la cobertura se basa en un nuevo subsidio semestral de 420 euros mensuales ligado a los cursos de formación. Con ello, Zapatero corroboraría que su principal prioridad es la política social. Pero, sólo la venderá, no la pagará totalmente, ya que el documento recoge que la aportación económica del Estado respecto a esta medida será de 450 millones de euros. Por lo que, las cuentas no salen.
Con el dinero que aporta el Estado tan sólo habría para dar un subsidio a 180.000 personas. Y, actualmente, hay más de un millón de parados sin cobrar ningún tipo de prestación. De los cuales casi 250.000 no han tenido empleo nunca, por tanto no entrarían en el nuevo subsidio al no haber cotizado. Por tanto, el número de beneficiarios alcanzaría un total de 750.000 personas aproximadamente.
La conclusión es que el Gobierno ha diseñado un subsidio que, al ir ligado a la formación, se considera una política activa de empleo, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas. Por tanto, el resto del coste lo deberán sufragar las autonomías. El dinero que aporta el Ejecutivo se destinará a un fondo que luego se repartirá entre las comunidades.
La creación de este fondo ya vino determinada por una propuesta de resolución del grupo Izquierda Unida-ICV, que fue apoyada por el propio PSOE, CiU, BNG y ERC. Esta proposición fue introducida en la votación sobre las medidas presentadas en el Debate sobre el estado de la Nación. Por tanto, el Gobierno ya estaba obligado a realizarlo.
La aportación autonómica
El coste total de esta medida ronda los 1.800 millones de euros, sin tener en cuenta que el número de parados que hayan acabado su prestación irá en aumento en los próximos meses. Por tanto, con la aportación estatal de 450 millones, más de 1.300 millones de euros les toca pagarlos a los respectivos gobierno autonómicos.
Pero ¿las comunidades han sido consultadas? La medida se está fraguando a nivel estatal: Gobierno, sindicatos y empresarios. Y las comunidades se encuentran al margen del diálogo.
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El Gobierno quiere ampliar el subsidio