Economía

El Gobierno negocia 'in extremis' los puntos más conflictivos del Fondo de Rescate

La ministra de Economía, Elena Salgado.

Cruce de llamadas telefónicas con algunos portavoces parlamentarios, consultas con los líderes de las organizaciones políticas y toma de decisiones contrarreloj con el objeto de que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, pueda salir hoy del Consejo de Ministros con un Fondo de Rescate de Ordenación Bancaria (Frob) con el máximo consenso posible.

Según ha podido saber elEconomista en fuentes parlamentarias, varios portavoces del Congreso de los Diputados recibieron ayer diversas llamadas telefónicas desde el Ministerio de Economía con el ánimo de consensuar in extremis los puntos más conflictivos del borrador del Frob remitido a las diferentes formaciones políticas.

Invasión de competencias autonómicas

El mayor escollo para el consenso con el que se ha encontrado el Gobierno, hasta el momento, ha sido el que se deriva de la invasión de competencias autonómicas derivadas de la suspensión temporal de la Ley de Cajas y, por tanto, del veto autonómico a las operaciones entre estas entidades. Algo sobre lo que al cierre de esta edición se desconocía si se habían producido avances en las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios.

Aunque en el terreno de lo particular, la negociación del Gobierno con CiU se centra también en una ampliación del periodo de devolución de los fondos inyectados en dificultades.

"A nosotros la música nos suena bien" explican a elEconomista fuentes del Grupo Parlamentario catalán que condicionan su apoyo a que el Banco de España se ocupe de la gestión de este Fondo y a que no se invadan las competencias de las Comunidades Autónomas. El documento que el Gobierno tiene previsto aprobar hoy, deja cubierta la primera de las condiciones que plantea CiU. Sin embargo, el borrador que manejan los grupos parlamentarios deja el poder sobre las operaciones en el Banco de España en detrimento de las autonomías.

"Control político y transparencia"

Durante la reciente comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, solicitó un "escrupuloso respeto a las competencias de las comunidades autónomas en lo que atañe a las cajas de ahorros".

Para el diputado catalán, "las autorizaciones autonómicas han de ser indispensables siempre que se trate de fusiones dentro de una misma comunidad o intracomunitaria". Sin embargo, el texto del Gobierno tan solo limita el papel autonómico a la emisión de ese informe cuyo carácter no es vinculante.

Para el Grupo Parlamentario Popular son varias las condiciones que deberían darse para que pudiese convalidar ese Real Decreto en la Cámara Alta. El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, exigió durante su intervención en la Comisión de Economía que ante un proceso de reestructuración financiera de "envergadura" haya "control político, democrático y transparencia".

Protagonismo del BdE

Para el primer Grupo Parlamentario de la oposición, a pesar de que el Banco de España como organismo supervisor tenga un protagonismo "ineludible", deben existir elementos de compensación para que la "presión política" no haga que la futura reparación del sector bancario se aleje de los niveles de competencia que convienen para superar la crisis económica.

¿Apoyarán, por tanto, al Gobierno a la hora de convalidar el Real Decreto en el Congreso de los Diputados? "No sabemos todavía el caso que nos harán", responden de forma lacónica fuentes del grupo parlamentario.

Quien parece tenerlo mucho más claro es Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) quien a través de su portavoz parlamentario, Joan Ridao, ya ha advertido que no apoyará al Gobierno si el Frob "ignora las competencias conferidas a las autonomías". "No es desconfianza hacia el supervisor, sino la necesidad de respetar la distribución competencial, insistió Ridao, quien denunció la "aviesa intención de centralizar el poder de las cajas".

Coalición Canaria, a favor

Hasta este momento, sólo Coalición Canaria ha declarado su posición a favor del texto, mientras que fuentes del PNV explicaron que a "a primera vista, el contenido del borrador parece interesante". Además, aseguraron que valoran la forma en que ha tratado el asunto la ministra de Economía, ya que en esta ocasión "ha preguntado a los grupos" antes de aprobar el texto, al contrario que lo que ha hecho en otras ocasiones.

IU argumentó que su grupo tiene reservas sobre el texto, por lo que no quiso comentar si dará el "sí" al Ejecutivo en ese asunto, mientras que ERC ha rechazado apoyar el texto por "invadir" el Estatuto de Cataluña, según Efe.

Y ante este rifi rafe, salió ayer a mediar el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien se decantó por que las comunidades autónomas "mantengan sus facultades" en relación a las cajas de ahorros, a la vez que consideró que no hay que oponerse a las fusiones intercomunitarias.

Chaves, aunque invitó a "esperar" a que salgan las normas relativas al fondo de rescate del sistema financiero español, pidió que "no se desconfíe" del papel y las responsabilidades de las cajas.

Los sindicatos, indignados

Y entre tanto, los sindicatos no ocultaron ayer su malestar al Gobierno por no haberse encontrado entre los destinarios del borrador del Frob. No obstante, tanto CCOO como UGT no desaprovecharon la ocasión para advertir de que la emisión de cuotas participativas con derechos políticos en las cajas de ahorro, tal como prevé el borrador del Real Decreto, supondría la desaparición de las mismas o su conversión en sociedades anónimas.

Ambos sindicatos criticaron, mediante un comunicado, que el documento sobre el Frob que prevé aprobar el Gobierno pueda modificar la legislación que rige las cajas de ahorros y advirtieron del riesgo que podría suponer la par- ticipación de inversores privados en estas entidades financieras.

CCOO denunció su "indignación y sorpresa" ante el borrador del Real Decreto para la creación del FROB que ayer publicó este periódico y que, según interpreta este sindicato, supondría "la antesala de su desaparición de las cajas de ahorro".

Rechaza la inclusión de que el nuevo fondo pueda dotar a las cuotas participativas de las cajas de ahorros de derechos políticos y denuncian que esto supondría la pérdida del bien social que realizan, y tendría "consecuencias muy negativas para la sociedad y el desarrollo económico".

Para CCOO, de confirmarse la autenticidad del documento que pretende aprobar el Gobierno, el objetivo del Fondo de Reestructuración estaría "frustrado" ya que cualquier modificación en la ley de cajas debe servir para reforzarlas y "no para hacerlas desaparecer, porque algo que es de todos no puede terminar en manos de unos pocos".

UGT dice no a las cuotas

En el mismo sentido, la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) mostró su oposición a la emisión de cuotas participativas con derechos políticos, ya que supondría "convertir las cajas de ahorro en sociedades anónimas". UGT apunta que es "muy distinto" la representación del Estado en entidades que sean intervenidas y reflotadas con fondos públicos, ya que "lógicamente" no pueden seguir en manos de los mismos gestores.

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