Los sindicatos ya sitúan la presión de los precios de la vivienda como un problema central para el mercado de trabajo, por su efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores -y en las negociaciones salariales, en consecuencia- y por su papel en el problema de las vacantes de trabajo sin cubrir, que se concentra principalmente en las islas más turísticas. Es por ello que UGT ya ha avanzado este lunes que será uno de los factores que incluirán dentro de su propuesta del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en la que se pautarán las subidas que experimentarán los salarios en 2026, 2027 y 2028.
"Tenemos que incorporar a la negociación colectiva la elevación de los salarios y vincularla con el mercado de la vivienda" ha sostenido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján en la rueda de prensa de este lunes. "Estamos diciendo que siendo este un derecho básico, los precios en los que están, las dificultades o las imposibilidades de acceder a una vivienda deberían contar también a la hora de regular los salarios, haremos alguna propuesta" ha indicado sin avanzar en qué sentido quieren incorporarla de cara a esta futura negociación.
El AENC opera como el marco para la negociación de los convenios colectivos de todos los territorios y sectores que se firman a lo largo de ese periodo, no es de obligado cumplimiento pero sirve como pauta sobre los puntos que la patronal y los sindicatos creen necesario abordar en estas miles de mesas abiertas. Es por ello que la cuestión de la vivienda no podría incorporarse solo como un factor que presionara las subidas salariales, sino también, existiría la posibilidad de que ambas partes del mercado laboral fijasen una posición común sobre el problema de la vivienda que afecta cada vez a más trabajadores y de forma indirecta, a las empresas.
UGT admite que este enfoque contribuiría a resolver solo una parte del problema, dado que creen que la gran parte de la responsabilidad escapa de las empresas y tiene que ver con las políticas adoptadas por las Administraciones Públicas. En este sentido, han demandado que se cumpla y se aplique la Ley de Vivienda, se abran espacios de diálogo social sobre esta materia en las Comunidades Autónomas, se regulen los precios del alquiler y también los inmuebles destinados a uso turístico.
No obstante, inciden en que esta situación está relacionada con el problema de vacantes que es uno de los que más preocupa actualmente a la patronal, junto al absentismo a raíz del incremento de las bajas por salud mental. El sindicato identifica que hay cuatro regiones en las que el importe que se destina cada mes a pagar una hipoteca de un piso de 60 metros cuadrados supera los 1.000 euros. Estas son las Islas Baleares (1.023 euros de media), Madrid (1.214 euros), Barcelona (1.026 euros) y San Sebastián (1.385 euros). En todas ellas el alquiler también pasa este umbral, como también sucede en Valencia, con un precio medio del alquiler de 1.020 euros.
La organización sindical pone de relieve que los trabajadores de sectores como la hostelería, el comercio o la limpieza tienen que destinar el 100% de su salario a pagar el coste de la vivienda si residen en ciudades como Madrid o Barcelona. "Con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas de hecho del mercado de la vivienda" concluye el sindicato en el informe 'Convenios Colectivos y Derecho a la Vivienda' presentado este lunes.
"Madrid, Cataluña e Islas Baleares destacan como los territorios donde el alquiler supone un mayor porcentaje del salario neto. Además, con indiferencia de la categoría retributiva analizada, el alquiler no alcanza en ningún caso un porcentaje inferior al 40% del salario neto" cuestionan. Para la representación de los trabajadores, esto significa que para que los trabajadores dejen de destinar una parte "desproporcionada" del salario a la vivienda, sus ingresos tendrían que "como mínimo, duplicarse" o elevarse hasta un 200% para el ejemplo de la categoría más baja del convenio de limpieza de Madrid.
Por el momento, parece complicado que se vayan a iniciar en el corto plazo las conversaciones para el AENC. El motivo es que se mantiene la incógnita sobre si finalmente se reducirá o no la jornada laboral máxima a 37,5 horas para el próximo año y pese a la insistencia de las organizaciones sindicales de sentarse a negociar con CEOE y Cepyme a la vuelta del verano, los empresarios aseguran a este periódico que no se sentarán hasta que no se haya aclarado la cuestión de la jornada, por ser uno de los dos elementos clave de esta negociación, junto a los salarios -que entienden que también están siendo marcados por el Gobierno a través de las subidas del SMI-.