El grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat) ha presentado en el registro del Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. La formación catalana ha registrado un texto de devolución, pasadas las 14:00 de la tarde, en el que apela al Gobierno a abrir "un proceso de diálogo real y riguroso que permita evaluar todas las implicaciones" de la reforma del tiempo máximo de trabajo. Después, entiende que sería el momento de presentar una propuesta que se base en la flexibilidad y que tenga un enfoque equilibrado que responda a las necesidades de las empresas, con la vista puesta en el impacto nocivo que podría tener en las pequeñas y medianas empresas. PP y Vox han seguido sus pasos a lo largo de la tarde, presentando otras dos enmiendas a la totalidad de devolución en el registro.
En el documento, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el grupo que encabeza Míriam Nogueras defiende que prioridad es abordar "los problemas estructurales y reales del mercado laboral", dentro de los que entienden que conseguir unos salarios dignos es la prioridad. El partido catalán cumple así con la amenaza anunciada antes incluso de que el Consejo de Ministros enviase la iniciativa a la Cámara Baja e intenta frenar la tramitación del Proyecto de Ley en el primer examen que tendrá que superar en el Congreso de los Diputados. Las fuentes parlamentarias y gubernamentales consultadas explican que esperan que este debate se lleve a cabo antes del mes de agosto, en un pleno 'escoba' extraordinario que tendría lugar en la segunda parte del mes de julio.
La formación catalana argumenta que la imposición legal de este cambio en la jornada máxima tendría un impacto "desigual" respecto a los sectores económicos y también, sobre los territorios, donde las mayores dificultades se concentrarían en la micro, pequeña y mediana empresa. "La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de la jornada y en lugar de fomentar la creación de ocupación, puede acabar traduciéndose en la destrucción de puestos de trabajo, especialmente en sectores como el de los servicios o el agroalimentario" detallan en la enmienda a la totalidad.
El Ministerio de Trabajo ya llevó a cabo un proceso de negociación con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que se extendió durante 10 meses, sin embargo, este partido considera que esta mesa carece de legitimidad en tanto que solo están representadas las organizaciones empresariales y los sindicatos españoles. Es por ello que insta a abrir una nueva mesa en la que se escuche la voz de los negociadores catalanes, una demanda que coincide con el ingreso de Pimec en diferentes órganos dependientes de la cartera de Yolanda Díaz y con la intención tanto de Trabajo como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar la representación de las pequeñas y medianas empresas en las mesas de negociación de materias laborales.
No obstante, este grupo parlamentario expone que la "mejor fórmula" para ganar derechos y en concreto, reducir la jornada laboral es la negociación colectiva, el acuerdo y el consenso entre los trabajadores y las empresas. "Las últimas cuatro décadas hemos visto como los sindicatos y las patronales han sabido reducir a mínimos la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva y es en el marco de los convenios colectivos de los diferentes sectores donde deben establecerse los mecanismos para ajustar los tiempos para trabajar mejor" explican. Asimismo, la formación considera que la eficiencia y la productividad deben ser variables clave a la hora de implementar este cambio, dado que es la vía para garantizar el Estado de Bienestar.
En esta línea detalla que el mercado laboral español sigue teniendo carencias que lastran su crecimiento, una serie de aspectos como la elevada tasa de paro juvenil, los déficits en políticas de ocupación, las dificultades para cubrir puestos de trabajo, el absentismo laboral, la falta de flexibilidad interna en el seno de las empresas, la ausencia de una estrategia para generar valor añadido o la caída de la competitividad. Una serie de aspectos que creen que deben ser tenidos en consideración antes de imponer una modificación legal cuyos efectos consideran que no se han medido correctamente.
Además, el paso de la jornada de 40 horas semanales a 37,5 horas de media, entienden que no es el único elemento problemático de la iniciativa acordada entre el ministerio que encabeza Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT. El partido cuestiona que se exija una mayor inversión y control de los tiempos de trabajo con la modificación de las obligaciones de registro de jornada, una ampliación que valoran que "abre la puerta a la intromisión en el día a día de trabajadores y empresas, que ven endurecidas las sanciones sin diferencias entre las grandes y pequeñas". El Proyecto de Ley modificaba el régimen sancionador para poder imponer multas de hasta 10.000 euros por trabajador, al agravar la consideración legal de este tipo de faltas.
Enmiendas de PP y Vox
Unas horas más tarde, el PP ha seguido sus pasos con la presentación de una enmienda a la totalidad de devolución en el registro del Congreso de los Diputados, según confirman fuentes parlamentarias a este periódico. La bancada encabezada por Alberto Núñez Feijóo presentó a las 17.47 el documento, al que ha tenido acceso elEconomista.es, en el que manifiesta que esta iniciativa erosiona el contenido de la negociación colectiva, obvia la autonomía negociadora de los interlocutores sociales y se presenta sin contar con el respaldo de las organizaciones empresariales o los autónomos. "No se está estableciendo un máximo legal que actúe como límite insuperable para la autonomía colectiva, sino tratando en realidad de fijar la jornada efectiva de trabajo, lo que, al no estar avalado por el diálogo bipartito, supone invadir el terreno de la negociación colectiva" argumentan.
Desde el grupo popular también hacen referencia a que la norma impulsada por Trabajo se basa en "argumentos poco rigurosos y populistas, sin tener en cuenta cuestiones tan relevantes como el impacto que va a tener sobre la actividad económica y el empleo" sobre todo, porque no atiende a las especificidades de cada sector y empresa. "El Gobierno, minimizando irresponsablemente y hasta el extremo las consecuencias de la implementación forzosa de la reducción de jornada, ha hecho oídos sordos a las estimaciones que las organizaciones empresariales y los centros de análisis económicos han realizado sobre su impacto económico" reprochan antes de repasar los apuntes elaborados por CEOE, Cepyme, ATA o Fedea.
Vox también ha registrado esta tarde, a las 16:26 horas, una enmienda a la totalidad en la que aboga por devolver al Gobierno el Proyecto de Ley para recortar la jornada laboral por el "aumento de los costes asociados a la reducción de la jornada y el descenso objetivo de la productividad por hora trabajada" que entienden que ponen en riesgo la viabilidad económica de muchas compañías. Asimismo, el grupo encabezado por Santiago Abascal argumenta que esta propuesta no busca el bienestar de los trabajadores, sino "hacerles dependientes de decisiones políticas, coartando su libertad y su capacidad de trabajo" e insta a hacer un nuevo borrador que no sea dañino para el tejido productivo español.
La formación de extrema derecha también se refiere a algunos aspectos concretos del articulado, como la subida salarial implícita para los trabajadores a tiempo parcial, que califican de "medida positiva a simple vista" con la que el Gobierno persigue elevar la recaudación y no mejorar el poder adquisitivo de estos empleados. "La potencial ganancia de los trabajadores queda de nuevo opacada por la presión fiscal a la que se ven sometidos" exponen, antes de detallar los efectos perjudiciales que tendría el cambio legal en sectores como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración, en los que son frecuentes los convenios que recogen jornadas de 40 horas.
Esta precisamente era la intención de la patronal CEOE, que quería conseguir la imagen de un frente común de los tres partidos de derecha contra la iniciativa del Ministerio de Trabajo. En la Junta Directiva del mes pasado, algunos empresarios expresaron sus dudas sobre la postura que adoptarían finalmente los catalanes, que todavía están a tiempo de retirar la enmienda presentada este miércoles. De hecho, consultaron a Antonio Garamendi si tenía un 'plan b', un escenario al que prefirió no anticiparse, pero fuentes empresariales garantizan que si el Proyecto de Ley supera este trámite y se pasa a hablar de enmiendas al articulado, tratarán de incluir medidas compensatorias.