La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, dio este lunes la sorpresa al anunciar que el Consejo de Ministros aprobará hoy un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta a autonomías y ayuntamientos. La sorpresa viene dada porque esta actualización quedó paralizada por el rechazo del decreto ómnibus en enero pasado, donde estaba incluida como una de las medidas, y no parecía cercana.
En la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 6 de junio en Barcelona salió a colación este tema, defendido sobre todo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. No en vano, su comunidad es una de las más afectadas por el retraso de estas entregas. La cumbre no alcanzó ningún compromiso y las entregas a cuenta pasaron a engrosar el resto de asuntos que no prosperaron. El Gobierno incluyó en el último momento la reforma de la financiación autonómica, incluidas las entregas a cuenta, en el orden del día por la presión de las autonomías gobernadas por el PP, pero sus representantes no lo pelearon.
Este lunes, en plena tormenta política por el caso Santos Cerdán y el caos desatado en el PSOE, la ministra Montero ha hecho público, no solo que se actualizarán, sino que se hará mediante un decreto ley específico como viene pidiendo el PP. La propia ministra lo ha dejado claro en una entrevista en RNE. "Sobran los motivos" para el Gobierno complete su programa en esta legislatura. "Nosotros necesitamos completar esta legislatura para completar el enorme proceso de transformación que está haciendo este Gobierno. Tenemos muchas tareas pendientes, muchas labores que desarrollar", ha declarado Montero para justificar que, ahora sí, se dé cumplimiento a un asunto pendiente como son las entregas a cuenta.
La cantidad se conocerá mañana tras la reunión del Consejo de Ministros. Las entregas a cuenta que quedan por liquidar suman 10.840 millones de euros de la actualización de 2024 más los que se debe de 2025. En total, se calcula que la deuda alcanza unos 25.000 millones, 20.000 millones para las autonomías y 5.000 millones para los ayuntamientos. El ejercicio de 2023 fue el último en el que se liquidó enteramente este concepto tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos.
En el retraso de las liquidaciones tiene mucho que ver el rechazo al decreto ómnibus o Real Decreto-Ley 9/2024 de 23 de diciembre en el Congreso de los Diputados en enero, en el que la actualización de las entregas a cuenta era una de las medidas. PP, Junts y Vox rechazaron una norma en la que se incluían temas tan diversos como la subida de las pensiones, la vivienda, las ayudas al transporte o la cesión de un palacete en París al PNV. La insistencia del PP en que la actualización de las entregas a cuenta tuviera su propia ley es precisamente "para evitar que volviera a incluirse en una ley de este tipo con medidas inaceptables", manifestaron en su momento.Algunas de las medidas, como la prórroga de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables, se recuperaron después. Pero de la financiación autonómica no se volvió a tratar nada hasta la pasada Conferencia de Presidentes, que como ya es conocido se cerró sin avance alguno en ninguna propuesta, incluso las del Gobierno.
La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha impedido la actualización y, por ello, se intentó llevarla a cabo mediante el decreto ómnibus. El departamento que dirige Montero sí que adelantó algunas mensualidades de las entregas a cuenta en el año de 2024 pero no concedió las correspondientes a todo el año.
En cuanto a las entidades locales, el Ministerio de Hacienda informó en enero de 2025 que, dada la caída del decreto ómnibus, la participación de las mismas en los tributos del Estado para 2025 "no podrá ser hecha efectiva". Los cálculos mensuales para este año "serán los resultantes de aplicar los Presupuestos Generales del Estado para 2023". La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también llevó esta actualización a la Conferencia de Presidentes de Barcelona. Tampoco hubo nada.
Las reacciones de algunas comunidades autónomas al anuncio de la ministra de Hacienda no tardaron en conocerse. La consejera de Hacienda de la Generalitat valenciana, Ruth Merino, contestó a Mª Jesús Montero que "no tome por tontos a los ciudadanos" y le acusó de "haber retenido durante seis meses" el dinero de los valencianos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, celebró que el Gobierno desbloquee estas liquidaciones porque a los gallegos se les están "hurtando 125 millones de euros mensuales".
Las liquidaciones que son esenciales en el sistema de financiación
Las entregas a cuenta son un elemento esencial del sistema de financiación autonómica. Es la forma que tiene el Estado de liquidar a comunidades autónomas y ayuntamientos el dinero que tiene que hacerles llegar. Las autonomías de régimen común participan en la recaudación de varios impuestos estatales: IRPF, IVA (excepto Canarias, que cuenta con el IGIC) e Impuestos Especiales. En el caso de los dos primeros, el 50% de lo recaudado en cada comunidad va a parar a las arcas regionales. El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos deja el 58% de su recaudación en las autonomías y el de la Electricidad, el 100%. Además, el sistema de financiación consta de varios fondos para completar las transferencias como el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales o el Fondo de Suficiencia Global.
La forma de hacerles llegar a los gobiernos autonómicos la financiación proveniente de estas fuentes es a través de las entregas a cuenta. De ahí su importancia. El Estado hace un cálculo previo de lo que tiene que transferir para concretar las entregas. Si a una autonomía en concreto, la liquidación definitiva le sale menor de lo que le corresponde, Hacienda le hace una nueva aportación. Si, por el contrario, se le ha dado de más, el gobierno regional de turno ha de devolver al Estado lo cobrado.Si las entregas a cuenta no llegan a tiempo pueden causar graves problemas económicos a las autonomías. En la actualidad, las más perjudicadas por el retraso son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. El presidente de esta última, Emiliano García-Page, también alzó la voz en la Conferencia de Presidentes para reclamar que se tratase una reforma del sistema de financiación que dé aire a autonomías infrafinanciadas como la suya. En lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón dio hace poco la voz de alarma por la acuciante falta de liquidez que vive la región, castigada además por el desastre de la DANA del pasado octubre, aunque los problemas vengan de antiguo.