La Conferencia de Presidentes naufraga sin avances en la agenda económica

Fiasco sin paliativos. La Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona se ha saldado sin ningún acuerdo en materia económica. La cumbre ha concluido igual que la que se llevó a cabo hace seis meses en Santander: con un choque descarnado entre PP y PSOE que ha imposibilitado cualquier entendimiento en torno a la vivienda y la financiación, los dos asuntos que centraban el orden del día.

Una programación que ya estuvo envuelta en la polémica, puesto que las regiones gobernadas por el PP criticaron al Ejecutivo por los escasos puntos incluidos en la agenda. Esto llevó al PSOE a aceptar una batería adicional de asuntos que elevó el orden del día hasta los 14 puntos, una cifra aparentemente excesiva para facilitar la obtención de acuerdos. La ensalada de temáticas incluía desde el debate sobre el gran apagón hasta la política de inmigración, pasando por los ferrocarriles y la financiación educativa.

Además, los presidentes populares, que son mayoría en este órgano -13 de los 19, si se cuentan Ceuta y Melilla-, han aprovechado la ocasión para exigir elecciones anticipadas al presidente Pedro Sánchez. En una alineación sin fisuras, los conservadores han relatado la situación "crítica" que a su juicio atraviesa el país y que les llevará el próximo domingo a manifestarse contra el Gobierno bajo el lema Mafia o Democracia. En respuesta, Sánchez ha respondido que las urnas se pondrán "en el año 2027, cuando tocan".

En un ambiente tan crispado, el jefe del Ejecutivo no ha recabado apoyos para consensuar un pacto nacional de vivienda para los años 2026 a 2030. Sánchez mandó este miércoles a todos los líderes autonómicos una carta con tres compromisos: triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública y acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados creando una base de datos pública que permita conocer los precios reales de compra y alquiler en su ciudad.

En paralelo, puso cifras tentadoras sobre la mesa: un volumen total de 7.000 millones, de los que el Gobierno asumiría un 60% y las comunidades, un 40%. Pero esta propuesta ha naufragado igual que el resto.

'No' a la singularidad

Respecto a la financiación, el disenso entre los dirigentes regionales también ha sido máximo. Ello a pesar de que el anfitrión del encuentro, Salvador Illa, ha reclamado a sus homólogos abrir el debate sobre la financiación autonómica "con serenidad", y hacerlo alejándose del "ruido, de los prejuicios y los estereotipos". No ha ayudado, con todo, que el presidente catalán aún no haya detallado la "singularidad" para Cataluña pactada con ERC y que las comunidades del PP equiparan al cupo vasco.

Precisamente, una de las quejas de los populares es el diseño de un modelo ad hoc para Cataluña. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha insistido en que no puede haber acuerdos a dos bandas, que romperían el principio de igualdad. Por su parte, el valenciano Carlos Mazón ha traído a colación la infrafinanciación de la comunidad levantina. Una queja que se ha sumado a la propuesta de crear un fondo transitorio que compense a las comunidades "objetivamente infrafinanciadas", véase Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

Precisamente, esta idea ha partido de las propias filas socialistas por parte de Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha, verso libre del PSOE, ha exigido durante la cita "por dos veces y sin contestación" que haya un calendario al que atenerse en materia de financiación, con una propuesta inicial del Gobierno, "como tiene que ser". Además, ha sostenido que la riqueza "es nacional, de todos los españoles" y ha recordado que la Constitución mandata la solidaridad interterritorial.

La cumbre de los pinganillos

Esta fue la primera Conferencia de Presidentes en que se pudieron usar el euskera, el catalán y el gallego en las intervenciones de los dirigentes autonómicos. Una previsión que ha obligado a varios líderes a ponerse un pinganillo para entender al orador. Esta diversidad lingüística ha terminado convertida en otro foco de conflicto cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido abandonar la reunión mientras intervenían el lehendakari y el president, Imanol Pradales y Salvador Illa, en euskera y catalán, respectivamente.

La retirada de Ayuso ha sido momentánea, ya que la lideresa ha regresado al encuentro y, por otro lado, tampoco lo ha abandonado cuando Alfonso Rueda ha dicho unas palabras en gallego. Ayuso ya manifestó días atrás que no pensaba hacer uso de la traducción simultánea. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro, en el mismo idioma, o me saldré", advirtió.

Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha deslizado tras la cumbre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había sido "promotor" de la "polémica" al avalar el uso de las lenguas cooficiales. Aunque ha rehusado juzgar el comportamiento de su homóloga madrileña. "No soy ayusólogo", resumió.

La actitud de la madrileña ha contrastado con la del resto de presidentes del PP que se han quedado en su sitio para escuchar a Pradales e Illa. Varios de ellos lo han hecho calzándose el pinganillo. Otros políticos también han hablado parcialmente en las lenguas cooficiales de sus territorios. Así, Barbón (Asturias) ha dicho unas palabras en bable y María Chivite (Navarra), ha hecho lo mismo en euskera. Además, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha hablado un poco en mallorquín y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) ha saludado en valenciano.

Ayuso también ha acaparado la atención antes de que empezara el encuentro. En la recepción, la ministra de Sanidad y anterior líder de la oposición en Madrid, Mónica García, se ha acercado a la presidenta para saludarla, cuando esta le ha espetado: "Todavía pretendes darle un beso a una asesina". La tensión ha obligado a intervenir al servicio de protocolo.