Zaragoza
Mejorar la competitividad empresarial es uno de los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial en Aragón. No es el único reto competitivo que incide en las compañías y también en el desarrollo económico y social de la comunidad. Con el fin de superarlos, el Think-Tank de CEOE Aragón ha identificado un total de 11 desafíos para los que se plantea una batería de medidas formada por un total de 20 propuestas para superarlos.
El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, y el presidente del Think-Tank, Antonio J. Cobo, han dado a conocer estas medidas SMART (específicas, medibles, alcanzables, realistas y con períodos de implantación razonables), que se han recogido en el White Paper 3.
Entre los desafíos más importantes y que desde el ámbito empresarial se viene reivindicando es ajustar la oferta formativa con las necesidades reales de la mano de obra de las empresas. En este sentido, se urge a implementar acciones en el sistema educativo reglado como en las políticas activas de formación y empleo, que deben pasar por una mayor flexibilidad en la puesta en marcha de nuevos planes formativos, así como por una mayor colaboración público-privada que, además, se recomienda que sea conveniente.
También es preciso impulsar la Formación Profesional y los estudios STEAM para que tengan más peso, junto con los idiomas y las competencias transversales, con especial foco al liderazgo y la comunicación efectiva.
El documento elaborado incluye un plan de choque para dar respuesta ágil y efectiva a los sectores estratégicos y la revisión de los currículos educativos y el rediseño de planes formativos adaptados a las necesidades actuales. Son cambios en la formación que, igualmente, pasan por la actualización formativa de los docentes.
Dentro de las medidas, se presta especial atención a la FP, dado que es una formación muy demandada por las empresas y con alta empleabilidad. Pese a ello y el aumento del interés de los jóvenes, se requieren acciones para posicionarla socialmente como una opción prestigiosa y atractiva. Entre ellas, por ejemplo, desde el Think-Tank se proponen campañas de sensibilización y captación de alumnos, coordinar charlas en colegios e institutos sobre oportunidades laborales para propiciar elecciones académicas bien informadas y un plan anual de implementación de la FP Dual.
La unión de oferta y demanda en el mercado de trabajo pasa a su vez por el establecimiento de un canal de comunicación dinámico entre formación, empleo y empresa y por fomentar la colaboración entre empresas y sistema educativo. Una sinergia que se debe igualmente fijar con las universidades públicas y privadas para atraer nuevos proyectos, diseñar programas específicos para aprovechar el talento senior y promover vocaciones STEAM entre las niñas y jóvenes.
La formación continúa es otro de los ejes a desarrollar. En este caso, son necesarios programas sólidos de formación continua en las empresas y una mayor colaboración entre empresas e Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). La simplificación de procesos burocráticos es otra de las medidas claves.
Pero para ganar competitividad no todo pasa por el sector privado. El sector público es decisivo porque la competitividad de las empresas, el futuro y la calidad de vida están vinculados a esa parte pública. Un motivo por el que el Think Tank propone analizar su funcionamiento, corregir incidencias y maximizar la contribución a la competitividad empresarial y el bienestar colectivo.
El paquete de 20 medidas se completa con la necesidad de frenar la sobredimensión y costes crecientes, que pueden superar ya los beneficios sociales y económicos y todas aquellas ineficiencias de gestión derivadas de la falta de indicadores de productividad. También se debe paliar la falta de información del coste real de los servicios públicos y la no competencia externa, así como la excesiva regulación, la complejidad y la burocracia.
Para lograr este "cambio cultural" en el sector público se recogen un total de 17 medidas específicas para ofrecer más y mejores servicios a menor coste posible. De este modo, se apunta la conveniencia de disponer de indicadores de resultados y un modelo de benchmarking. Así, es posible disponer de una comparación continua de unidades de gestión y administraciones con el fin de detectar las mejores prácticas e implantarlas en el resto, eliminar ineficiencias y priorizar la asignación de recursos en función de indicadores de eficiencia.
En servicios de infraestructuras, se apuesta por la colaboración público-privada especialmente en aquellos complejos y la realización de estudios de impacto económico y social de los proyectos.
En materia de recursos humanos, las medidas comprenden una gestión flexible y la optimización de la asignación de personal, la adecuación del sistema de oferta de empleo público a las necesidades reales y la participación de empleados públicos en programas de formación, mejora continua e incentivos basados en la eficiencia y reducción del gasto.
Otra medida clave es la realización de un plan de racionalización y simplificación administrativa, así como optimizar y simplificar procesos, avanzar en la agilización y en su digitalización, aparte de cumplir la ley de garantía de unidad de mercado. Facilitar a los ciudadanos más información y sensibilización sobre el coste de los servicios públicos es otro eje estratégico.