Madrid 
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció el pasado jueves que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 29 de abril el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para que comience su tramitación en el Congreso de los Diputados. Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros el próximo martes, la normativa todavía tiene que pasar un largo periodo hasta que se apruebe finalmente. Se trata de un procesos que dura, de media, unos cinco meses en el caso de los proyectos de ley (las iniciativas que parten del Gobierno) y que podría reducirse a la mitad en el caso de que se declare que tiene que ser abordado con urgencia.
Aún así, por mucho que el Gobierno trate de acelerar su tramitación lo máximo posible, el poder con el que cuenta el Partido Popular en el Senado podría retrasar hasta dos meses su puesta en marcha, o incluso más si decide imponer un veto, lo que implicaría su vuelta al Congreso de los Diputados -lo que obligaría al Ejecutivo a contar con una mayoría más amplia-. A todo ello se une que durante los meses de julio y agosto no hay previstas sesiones parlamentarias -pero sí que se pueden convocar- por lo que la tramitación de la reducción de la jornada se retomaría en el mes de septiembre, si no de deciden convocar una con carácter extraordinario.
Una vez se presente el proyecto de ley en el Congreso, los partidos tendrían 15 días para proponer cambios o enmiendas a la totalidad (dirigidas a frenar la tramitación). Si estas últimas no se presentan o se descartan, la norma pasaría a estudiarse en la Comisión de Trabajo.
Allí un grupo más reducido elaboraría un primer borrador con las enmiendas que apoye la mayoría, que después se somete a debate junto a los cambios que quedaron fuera, conocidos como "enmiendas vivas", lo que dará forma al dictamen que se somete a votación. Lo habitual es que este último debate tenga lugar en el Pleno en normas de este calado (aunque podría hacerse también en comisión) y sería entonces, si reúne los apoyos suficientes, cuando pasaría al Senado.
Cabe destacar que el borrador, en forma de anteproyecto de ley, ya había recibido la luz verde del Gobierno en primera vuelta el pasado 4 de febrero, tras lo que recibió el informe crítico del Consejo Económico y Social (CES) que contaba con la firma de las patronales y los sindicatos.
El Ejecutivo, a pesar de preveer un debate "muy intenso" para conseguir los apoyos necesarios, se acoge a la actitud con la que los socios nacionalistas afrontaron el año pasado el debate sobre la reducción de la jornada que se presentó en el Congreso a través de una proposición no de ley a iniciativa de Sumar.
Este paso dado por el socio del Gobierno fue criticado por el resto de partidos, ya que tildaron de "marketing político" el hecho de que llevaran como una PNL una medida que ya estaba pactada con el PSOE. Hace unos meses, Junts aseguró que tal y como estaba redactado, el Ejecutivo no contaba con su apoyo para la aprobación. Esta formación es fundamental para que el Gobierno consiga sacar adelante la reducción de la jornada, tanto para salvar el primer debate, como para conseguir una mayoría parlamentaria y responder si el Senado acaba vetando la ley.