Zaragoza
Un total de 62 millones al año. O lo que es lo mismo: 5,2 millones al mes. Esta es la cantidad que el Ayuntamiento de Zaragoza debería estar recibiendo desde las arcas estatales en concepto de entregas a cuenta y que, sin embargo, todavía no se ha abonado a pesar del compromiso del Ministerio de Hacienda en la Comisión Nacional de Administración Local, de julio de 2024, de realizar una actualización del 13,1% de las entregas a cuenta que el Estado transfiere a los municipios, impulsada por el buen comportamiento macroeconómico.
Este compromiso en las entregas a cuenta se consideró en la elaboración del presupuesto municipal de 2025 del Ayuntamiento de Zaragoza que, ahora, no dispone de estos fondos. Un motivo por el que desde la concejalía de Hacienda y Fondos Europeos se va a impulsar una Declaración Institucional, que se llevará a la Junta de Portavoces, con el fin de conseguir unanimidad entre los grupos políticos municipales para exigir estas cuantías al Ministerio de Hacienda.
Un consenso que se busca en el consistorio zaragozano y que ya se alcanzó en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en cuyo seno se acordó que debía instarse al Gobierno de España a realizar las entregas a cuenta, además de considerar que los ayuntamientos puedan incorporar el superávit o remanente de tesorería del anterior ejercicio al actual. Un paso este último que, en el Ayuntamiento de Zaragoza, permitiría disponer de 9,2 millones de euros.
"Para el ayuntamiento es importante porque permite inversiones financieramente sostenibles", ha afirmado Blanca Solans, consejera de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, durante la rueda de prensa en la que ha incidido en estas cuantías repercutirían directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, para ello, sería necesario que el Gobierno de España flexibilizase las reglas fiscales que, actualmente, obligan a utilizar el superávit presupuestario a amortizar deuda.
El texto de la Declaración Institucional está alineado con la posición unánime de todos los grupos políticos representados en la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP (PP, PSOE, Junts, IU-Sumar Podemos y ERC).
A raíz de ese consenso, el pasado 8 de abril, la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, anunció el envío de dos cartas al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para reclamar la adopción urgente de medidas legislativas que garanticen la actualización de las entregas a cuenta y el abono de liquidación de la Participación en los Tributos del Estado de 2023.