Mientras los focos mediáticos apuntan a Elon Musk como el rostro visible del llamado "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE) impulsado por Donald Trump, en la trastienda opera una figura mucho más discreta pero decisiva: Russell Vought. Este director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) durante el primer mandato de Trump se ha consolidado como el principal ideólogo y ejecutor de la ofensiva conservadora para recortar el aparato federal estadounidense.
Vought no ha aparecido de la nada. Su carrera comenzó en la década de los 90 como asesor del senador Phil Gramm, un republicano conocido por su cruzada contra el déficit fiscal. Allí adoptó una visión de Estado centrada en la reducción del gasto, la desconfianza hacia las burocracias permanentes y la promoción de valores cristianos como base del orden político. Desde entonces, Vought ha combinado teoría, convicción y estrategia.
Lo que distingue a Vought de otros halcones fiscales es su enfoque integral. No se limita a pedir recortes presupuestarios: busca transformar la cultura administrativa del gobierno federal. Cree que muchas agencias no solo son ineficientes, sino ideológicamente contrarias al proyecto conservador. Su apuesta no es solo económica, sino cultural y religiosa, alineada con la corriente del nacionalismo cristiano que gana influencia en la derecha estadounidense.
Su alianza con Elon Musk, aunque parecía improbable en términos de estilo y biografía, se ha convertido en uno de los motores más disruptivos de la administración Trump. Mientras Musk lidera la carga en redes sociales y convierte cada movimiento en espectáculo, Vought opera entre bastidores con precisión técnica y un profundo conocimiento de los engranajes del Estado. Según POLITICO, Musk y Vought mantienen comunicación directa y regular, con una distribución de tareas clara: uno provoca, el otro ejecuta.
Uno de los episodios más polémicos fue el intento de desmantelar la CFPB (Oficina para la Protección Financiera del Consumidor). Nombrado director interino, Vought suspendió los fondos, despidió personal y canceló contratos. La medida fue frenada por un tribunal federal, que emitió una orden para restaurar empleos y detener los recortes. La jueza Amy Berman Jackson calificó el proceso como un "intento acelerado de desmantelar completamente la agencia", y citó como evidencia los propios mensajes de Musk en redes sociales, donde celebraba haber metido a la CFPB en "la trituradora de madera".
We spent the weekend feeding USAID into the wood chipper.
— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2025
Could gone to some great parties.
Did that instead. https://t.co/0V35nacICW
Este modus operandi se ha replicado en otras agencias. En el caso de la USAID, Musk y su equipo DOGE forzaron el ingreso a las oficinas, impidieron el acceso al personal y accedieron a datos sensibles sin base legal clara. Vought, desde la OMB, facilitó la financiación presupuestaria para respaldar estas acciones. La legalidad de estas intervenciones está siendo evaluada en múltiples tribunales, pero mientras tanto, muchas agencias operan en un limbo.
Desde su think tank, el Center for Renewing America, Vought ha delineado su visión para el llamado Project 2025, una hoja de ruta para la reconstrucción conservadora del Estado. Propone, entre otras cosas, que los cargos políticos puedan decidir cómo y cuándo se gastan los fondos federales, reemplazando la supervisión técnica por control político. Esta idea, que retoma prácticas de impugnación presupuestaria prohibidas desde los años 70, ha generado fuerte oposición legal.
Una de las propuestas más controversiales que ha circulado entre sus aliados es restaurar el uso del impoundment, una figura que permitiría al presidente bloquear el gasto aprobado por el Congreso. Aunque esta práctica fue limitada por la Ley de Control de Impugnaciones de 1974, Vought y sus aliados argumentan que dicha ley es inconstitucional y han animado a Musk a ponerla a prueba como parte de la agenda DOGE.
A nivel ideológico, Vought representa la consolidación de una corriente de pensamiento que fusiona el conservadurismo fiscal con la visión moralizante del nacionalismo cristiano. Durante su audiencia de confirmación en 2017, fue criticado por afirmar en un artículo que los musulmanes "no conocen a Dios", lo que provocó un tenso intercambio con el senador Bernie Sanders. Vought defendió su postura como una afirmación teológica, pero no escondió sus simpatías por una interpretación más religiosa del rol estatal.
Preparado para sustituir a Musk
Desde esa perspectiva, el Estado se ve no solo como un ente ineficiente, sino como un espacio capturado por intereses progresistas y, por tanto, hostil a los valores que Vought defiende. Su objetivo no es reformar las instituciones: es reorientarlas radicalmente o, si es necesario, eliminarlas. Su guerra contra la llamada "cuarta rama del gobierno" —la burocracia administrativa— se ha convertido en su bandera.
El propio Trump ha reconocido el papel de Vought en el rediseño del nuevo gobierno. En una reciente declaración, afirmó que, si Musk se retira para concentrarse en sus empresas, "Russell tomará el timón". Para muchos en Washington, esa posibilidad ya no es una hipótesis, sino una transición en marcha.
Mientras tanto, los efectos de su gestión comienzan a sentirse. Varias investigaciones abiertas por la CFPB contra entidades financieras han sido archivadas, y agencias enteras operan con personal mínimo o sin liderazgo efectivo. Aunque algunas decisiones han sido revertidas judicialmente, el daño institucional ya está hecho.
A pesar del ruido mediático, Vought ha logrado avanzar sin el desgaste político que sufren otras figuras de la administración. Su estilo discreto, casi académico, lo ha convertido en una figura difícil de atacar públicamente, pero con una enorme capacidad de transformación desde dentro. Como advierten sus críticos, "es el burócrata que sabe cómo desmantelar el Estado".
El futuro de DOGE y de Vought depende ahora del equilibrio entre los tribunales, el Congreso y la resistencia interna del funcionariado. Sin embargo, incluso si los proyectos más radicales fracasan, Vought ya ha ganado terreno: ha demostrado que es posible ejecutar una revolución institucional desde el presupuesto, con un teléfono, cinco hombres y una agenda bien afinada. la CFPB, al igual que gran parte del gobierno federal bajo la administración Trump, se encuentra en una especie de limbo, oficialmente abierta al público, pero sin funcionar realmente.