El parón urbanístico que se ha producido ante las elecciones autonómicas de mayo no es bueno para nadie. La falta de proyectos supone retener suelo que puede ser calificado como urbano más tarde, una maniobra que sube su precio a futuro y, a su vez, el de las viviendas que se construyan.
Todo ello, en un sector donde la especulación es un hecho y no parece que se vaya a solventar el problema de la financiación municipal con recalificaciones urbanísticas.
Situación grave en el turismo residencial
Los responsables económicos del PP advertían ayer de que la situación puede ser grave en el caso del turismo residencial, que viene con ganas de invertir su dinero en España y puede ver truncados sus propósitos porque nadie se atreve a sacar más oferta al mercado. "Los constructores más serios del país no compran suelo caro desde hace tiempo", señalaban fuentes del partido, refiriéndose al terreno que se usa para las promociones en la costa. "Los riesgos de un parón de golpe están en la vivienda de ocio", subrayaba el secretario ejecutivo de Economía y Empleo de los populares, Miguel Arias Cañete.
En el conjunto del sector, la desaceleración de los precios será pausada, pero se confirma ya una tardanza de 16 a 24 meses a la hora de vender un piso y eso es muy preocupante para muchos constructores, que no quieren arriesgar en suelo caro. Hay que tener en cuenta, además, que hoy mismo se termina el periodo transitorio para aplicar con todo su rigor la ley andaluza de suelo, que prohíbe a los ayuntamientos crear urbanizaciones autónomas -con golf- motu proprio (a partir de ahora, todo lo controlará mejor la Junta andaluza).
El problema es que casos como la Operación Malaya o Andratx situaron en el punto de mira a los ayuntamientos (en España hay 8.109 municipios), que para impedir más escándalos decidieron congelar provisionalmente los proyectos en ciernes. ¿Resultado? Las demoras administrativas vinculadas a ese parón urbanístico podrían encarecer momentáneamente los precios de la vivienda. Sacar adelante un proyecto exige la aprobación o modificación de un plan urbanístico, cuyos trámites suelen durar años. Y, como varias autonomías han paralizado esos procesos para no recibir acusaciones de corrupción en plena campaña electoral, el retraso repercutiría negativamente en el bolsillo de los consumidores.
El ladrillo es el ladrillo, y los promotores no están dispuestos a que tanta burocracia perjudique su negocio. Por eso, ante la incertidumbre temporal que conlleva la puesta en marcha o reforma de un plan urbanístico, es posible que opten por elevar el importe de las casas que tienen previsto edificar. Si la vivienda puede subir entre un siete y un diez por ciento cada año, el parón harán que los aumento se acumulen en cuanto se aclare el panorama electoral.
Incertidumbre municipal
"Nadie sabe qué condiciones ofrecerá el mercado en unos años. De ahí que los promotores calculen sus proyectos con márgenes de beneficios elevados. Suben los precios para evitar que un cambio de tendencia disminuya su rentabilidad", explica el profesor del Instituto de Empresa Víctor Torre de Silva.
Desde el primer trimestre de 1997 hasta el mismo periodo del año pasado, el precio la vivienda subió un 173,2 por ciento. Habrá que ver lo que ocurre en los próximos 10 años.
