La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso 20,2 millones de euros en sanciones a empresas por incumplimiento de jornada y registro horario a lo largo del año pasado, lo que supone un 9% más que en 2023, según los datos facilitados por el organismo a elDiario.es. Este es el resultado de las más de 9.000 actuaciones llevadas a cabo para controlar el registro de jornada que concluyeron en 1.869 infracciones por 2,99 millones de euros que afectaron a 21.649 trabajadores. Unos datos que se dan a conocer justo antes de que se reformen tanto las obligaciones de las compañías a este respecto como la cuantía de las multas impuestas por incumplirlas. Estas sanciones podrán ascender a 10.000 euros en los casos más graves y se impondrán por cada empleado.
Las horas extraordinarias, que crecieron durante tres de los cuatro trimestres del pasado ejercicio, como contó este periódico, también han sido objeto de estas actuaciones. En cuanto al tiempo de trabajo y horas extraordinarias, se hicieron 38.686 actuaciones que terminaron en 13.681 infracciones por 17,2 millones de euros. En este caso, 178.456 trabajadores se vieron afectados por las infracciones. En todas las variables de actuaciones, infracciones y trabajadores se registran incrementos frente al año pasado, según destaca el departamento de Yolanda Díaz.
El Ministerio de Trabajo explica que el control del tiempo de trabajo es uno de los "objetivos prioritarios" de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por ello, se comprueba que se cumpla con el horario convenido en el contrato, ya que el incumplimiento de ese horario o la posible existencia de horas extras no retribuidas ni compensadas por descanso puede tener consecuencias en materia no solo laboral sino también de Seguridad Social. El Gobierno ha abordado, en el marco de la reducción de la jornada laboral, una reforma del control horario, una medida vigente desde 2019, para mejorar el sistema y que sea "fiable, accesible e interoperable" que tendrá que superar el trámite parlamentario antes de entrar en vigor.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el acuerdo para tramitar de forma urgente el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. "Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno, es un día histórico" celebraba la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al encuentro de todos los ministros. El texto no solo modificará el límite máximo legal, sino que reformará el registro horario y elevará las sanciones por incumplirlo, al elevar la gravedad de estas faltas. "Modificamos la lógica de la reforma laboral sobre cómo se practican las sanciones que vuelven estar fraccionadas, lo que lógicamente conlleva un incremento de su cuantía" explicó la vicepresidenta segunda en rueda de prensa.
El borrador consultado por elEconomista.es introduce el registro de jornada entre los supuestos de infracción consideradas como muy graves en materia de relaciones laborales en el artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. Habitualmente, estas llevan asociadas multas de entre 751 euros (en su grado mínimo) y 7.500 euros, no obstante, el borrador de la ley introduce una cláusula para penalizar este incumplimiento con entre 1.000 y 10.000 euros. Esta penalización se extiende también a los límites de la jornada, las vacaciones, las horas extraordinarias, los descansos o la regulación del trabajo nocturno. Sin embargo, el matiz de que se considerará que ha habido una infracción por cada trabajador afectado solo se aplica al incumplimiento del registro de jornada, que también se modificará con esta norma para establecer nuevos criterios.
