La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, afirmó hoy que se ha producido un "aterrizaje suave trimestre a trimestre del precio de la vivienda desde el inicio de la legislatura", y se mostró esperanzada en esta tendencia se mantenga con el objeto de que "el precio de una casa crezca lo mismo que el IPC".
Por ello, señaló que "cada vez es menos caro comprar una vivienda libre", a lo que añadió que, en cualquier caso, cada vez hay más opciones alternativas a ésta, como la compra en régimen de protección o el acceso al mercado del alquiler.
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la ministra destacó que el Gobierno ha presupuestado 8.000 millones de euros "para garantizar que los ciudadanos puedan comprarse una vivienda protegida en mejores condiciones y moderar el mercado de la vivienda libre".
Asimismo, recordó que el Ministerio, a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), está movilizando viviendas en alquiler casi un 20% más baratas que las ofertadas en el mercado. Por otra parte, Trujillo subrayó que la corrupción "es un fenómeno que se da en todos los países, en unos más que en otros", por lo que negó que España destaque en el plano internacional por sus altos niveles de corrupción en el ámbito urbanístico.
No obstante, afirmó que la corrupción "puede tener relación con la especulación urbanística". En este sentido, insistió en que la legislación vigente en materia de suelo, elaborada por el Gobierno del PP en 1998, ha supuesto un "efecto llamada a la especulación", por cuanto a fomentado la "recalificación y reclasificación masiva", así como la "retención de suelo".
Por último, señaló tajantemente que el proyecto de la Ley de suelo es "tremendamente respetuosa con la distribución de competencias en materia de vivienda", ya que implica una regulación del régimen del suelo (valoraciones, reservas, etc.), dentro de las competencias estatales, mientras que no se refiere a cuestiones urbanísticas, que, dijo, "son competencia de las comunidades autónomas y las corporaciones locales".
Por ello, no quiso valorar la iniciativa legislativa en marcha en Cataluña que contempla la expropiación forzosa de inmuebles que lleven dos años vacíos para su oferta en alquiler. "El Gobierno no puede decir nada porque no es su competencia", indicó, aunque afirmó que la apuesta del Gobierno a la hora de movilizar viviendas vacías pasa por incentivar el mercado del alquiler mediante ayudas estatales.
