La Comisión Europea tenía previsto presentar ayer martes una Comunicación sobre el impacto del envejecimiento de la población en las finanzas públicas de los 27 Estados de la UE desde ahora hasta el año 2060. Sin dar explicaciones, Bruselas anunció ayer por la tarde, vía un sucinto comunicado de prensa, que la adopción y publicación de este informe "ha quedado aplazada, en principio, hasta la semana que viene".
El aplazamiento es cuando menos curioso, dadas las actuales circunstancias en el ruedo político y económico de España. El principal responsable político de este documento es el socialista español Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Quien, de haber presentado esta Comunicación elaborada por los expertos de Bruselas, habría irrumpido en el enfrentamiento que protagonizan desde la semana pasada el Banco de España y el Gobierno Zapatero, sobre la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema público de pensiones.
Sostenibilidad que ha sido cuestionada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al tiempo que ha reclamado reformas para apuntalar el futuro de los ingresos de los jubilados españoles. Viabilidad sobre la que también arroja dudas el informe que Almunia mantiene guardado en su cajón de Bruselas hasta nueva orden.
España, en tercera división
Lo que Joaquín Almunia no había previsto era que elEconomista tuviera acceso a un borrador de la Comunicación, como así ha sido. "Hay diferencias notables entre los Estados miembros de la UE", explica el informe antes de enumerar tres divisiones y clasificar en ellas a los 27 países del club comunitario.
España está en la división de los países donde los efectos del envejecimiento de la población se dejarán sentir con más fuerza sobre la financiación de los servicios públicos que caen sobre las espaldas de las contribuciones de la cada vez más escasa población activa: las pensiones, la sanidad, el cuidado de los ancianos, las prestaciones por desempleo y la educación.
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