La sostenibilidad empresarial es cada vez más rentable

Los inversores socialmente responsables, además de rentabilidad financiera, están interesados en el menor riesgo asociado a la sostenibilidad, que genera tener en cuenta en las decisiones de inversión los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. De hecho, las compañías con mejor calificación en estos factores resultan ser más resistentes y atractivas a largo plazo y esto tanto bancos como fondos cada día lo tienen más en cuenta.

Las empresas se han dado cuenta de que los criterios éticos son muy útiles a la hora de valorar la calidad de los activos en los que se invierten, además la aparición de leyes internacionales destinadas al buen gobierno y ratings que se encargan de medir el compromiso social y ambiental de cualquier inversión está provocando que cada vez sean más las empresas que se centren en mostrar unos buenos resultados a nivel ambiental y social. La rentabilidad a la hora de obtener financiación más asequible es el premio.

Ernst & Young (EY) ha publicado el informe Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors, que recoge la opinión de 320 inversores institucionales de todo el mundo sobre el uso de información no financiera.

Las prácticas de mayor transparencia, incremento del valor a largo plazo y sostenibilidad social y medioambiental marcarán el funcionamiento del mundo empresarial en un futuro.

El 68 por ciento de los inversores consultados respondieron que la información no financiera ha jugado un papel relevante en sus decisiones de inversión en los últimos doce meses, frente al 52 por ciento registrado en el estudio de 2015 y el 58 por ciento de 2013. Respecto a la calidad de esta información, el 60 por ciento de los encuestados afirma que las empresas deberían exponer mejor los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a los que se enfrentan las empresas.

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) consiste en gestionar inversiones teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los más demandados son los que excluyen sectores como el tabaco o el armamento, con 14 billones de euros de inversión.

Así, por ejemplo, Gas Natural Fenosa ha aprobado un pionero Plan de Sostenibilidad, que implica a todas las áreas de negocio y corporativas y que tiene como fin contribuir a los objetivos de la Visión Estratégica 2020. El Plan se concreta en acciones específicas con los compromisos asumidos en la Política de Responsabilidad Corporativa aprobada por el Consejo de Administración en diciembre de 2015 y que se centra en ocho compromisos: excelencia en el servicio, compromiso con los resultados, gestión responsable del medio ambiente, interés por las personas, seguridad y salud, cadena de suministro responsable, compromiso social, e integridad y transparencia. El Plan ha identificado 39 líneas de acción que contemplan, a su vez, un total de 178 medidas que impulsan iniciativas, entre otras, en digitalización, excelencia en el servicio, vulnerabilidad energética, buenas prácticas fiscales, innovación sostenible, relación con inversores que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad o la extensión de criterios sociales, ambientales y éticos a los proveedores, entre otras.

Cifras en crecimiento constante

La Alianza Global de la Inversión Sostenible (GSIA), la entidad que aglutina a los foros de inversión sostenible de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, entre otros países, sitúa la inversión global gestionada con criterios de sostenibilidad en 2016 en 21,38 billones de euros.

Las cosas van cambiando cada vez a un ritmo más acelerado. Así, por ejemplo, a partir del índice MSCI Europe, es posible llevar a cabo una evaluación de estos factores para cada sector -generalmente huella de CO2 y creación neta de empleos- y excluir a las empresas que no alcancen mínimos o que estén involucradas en actividades controvertidas que representen más del 5 por ciento de la facturación. La importancia de la inversión basada en criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ha llevado a que un buen número de compañías busquen mejoras constantes en su información plasmadas en sus sistemas de reporting no financiero, que se han convertido en lectura atractiva para sus stakeholders, especialmente, de los inversores institucionales.

Según el 63 por ciento los encuestados en el sondeo de EY, el informe anual de una compañía es un documento esencial (31 por ciento) o muy útil (32 por ciento) para tomar decisiones de inversión. En segundo lugar, con el 57 por ciento, destaca el informe integrado y, en tercer lugar, los sondeados destacan la cobertura de prensa y los comentarios de profesionales (56 por ciento). Menos de la mitad de la muestra (el 44 por ciento) considera útiles o esenciales los informes de sostenibilidad a la hora de evaluar posibles inversiones. Además, el 60 por ciento de la muestra cree que las empresas no informan adecuadamente de los riesgos que cada factor representa para su negocio.

Obligaciones de informar

La Iniciativa de Reporte Global (GRI) se estableció en 1997 a iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Coalición para una Economía Medioambientalmente Responsable (Ceres). La GRI pretende que la elaboración de las memorias de sostenibilidad se ajuste a un procedimiento consistente y, en este sentido, establece objetivos de desempeño y facilita las comparaciones. Así, la Directiva 2014/95/UE, de divulgación de información no financiera, que debería haber entrado en vigor en España a partir del 1 de enero de 2017 -Bruselas ha amenazado con sancionar por el retraso-, es uno de los tres pilares legales que la Estrategia Europa 2020 llama a cumplir a las grandes empresas de los países de la UE, para alcanzar una sociedad más solidaria y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU estipula para el año 2030.

Con la entrada en vigor de la directiva se calcula que cerca de 6.000 compañías se incorporarán a la obligación de elaborar este tipo de reporting. En España, se cifra entre 600 y 700 las afectadas por la normativa a partir del 1 de enero de 2018. La obligación se extenderá todas las empresas que tienen que hacer informe anual de gestión y cuentan con más de 500 trabajadores, cuyo balance supere los 20 millones o facturen más de 40 millones de euros al año. Fundamentalmente, se encuentran obligadas las cotizadas, las compañías financieras y de seguros, y las entidades de inversión colectiva, principalmente.

Sin embargo, muchas empresas no han esperado a que les llegue la obligación de publicar el reporting y lo han hecho de forma voluntaria. Así, el informe elaborado por EY explica que el tipo de información no financiera que buscan los inversores y su forma de utilizarla está evolucionando sensiblemente en los últimos tiempos. Los grandes fondos institucionales buscan ahora un rango más amplio de información y utilizan un acercamiento más integrado con su análisis habitual. No obstante, el 74 por ciento de los encuestados por EY en el estudio reconocen que buscan construir una reputación corporativa adecuada entre sus clientes cuando informa sobre factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El cumplimiento de los requisitos regulatorios figura en segundo lugar entre las motivaciones, con el 62 por ciento de los consultados.

Por otra parte, los activos en riesgo, por cambios en regulación, expectativas sociales, tecnología disruptiva o condiciones medioambientales son un motivo de preocupación para los grandes inversores institucionales. Más del 60 por ciento han reducido su exposición a los mismos por los riesgos derivados de cambios normativos o regulatorios.


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