
Golpe para el Ministerio de Industria en su intento de fijar una nueva retribución para las renovables. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha paralizado provisionalmente el contrato a la consultoras Boston y Roland Berger para fijar el nuevo esquema de primas al régimen especial.
La asociación fotovoltaica Anpier solicitó a este tribunal que se anulara el procedimiento de contratación realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) por haber incumplido las normas de contratación pública.
En concreto, esta licitación se hizo a través de invitaciones privadas a las consultoras y no a través de un concurso público, a pesar de que el importe de la adjudicación podría haber llegado al millón de euros.
Ahora, el tribunal pone de manifiesto que "los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación". Por ello, acuerda "suspender provisionalmente" el procedimiento de contratación "hasta el momento que se dicte la resolución del recurso".
El escrito presentado por Anpier pone de manifiesto que la forma de adjudicación produce una indefensión extraordinaria la indebida opacidad del organismo público. En este sentido, recuerda que el propio art. 1 de las Instrucciones internas para la contratación del IDAE, recoge que los contratos celebrados por este organismo se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el RDLeg. 3/2011, texto que regula los contratos del Sector Público y que exige la pública licitación.
Esta norma exige el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante.
La asociación solicita además al Ministerio de Industria que "recapacite, rectifique los textos de reforma y reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España".
"El Gobierno debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa que, según señala la propia Unión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, está motivado por las compensaciones excesivas que durante años vienen recibiendo las empresas eléctricas por la generación de energía nuclear e hidráulica", añade.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, señaló que esta situación es un capítulo más de la "infausta" reforma del sector eléctrico, que supone "uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado el que atropella a sus ciudadanos".
En opinión de la asociación, los cambios aplicados están configurados sobre la base de "un modelo energético contaminante que sólo beneficia a cinco grandes empresas y que condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior que resultan dañinos para el medio ambiente y para la salud pública".
Con esta sentencia, el nuevo esquema retributivo de las renovables sufrirá un fuerte retraso, ya que los nuevos estándares debían ser comunicados a final de este mes. Además, Industria ha introducido cambios de gran calado en Real Decreto para estas tecnologías, de tal forma que ha abierto una nueva con- sulta pública.